La alcaldesa encargada de Bogotá, Edna Bonilla, y el secretario distrital de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, entregaron un informe sobre los hechos vandálicos ocurridos este miércoles 19 de octubre en el centro de Bogotá a manos de indígenas Embera.
Hacia las 9:20 a.m, un grupo de aproximadamente 200 indígenas, que estaban siendo atendidos en la Unidad de Protección Integral La Rioja, entre hombres, mujeres, niños y niñas, intentó tomarse el edificio Avianca y retener a sus trabajadores.
Según cálculos de la administración distrital, eran alrededor de 1.000 los trabajadores que quedaron retenidos en contra de su voluntad al interior del edificio de Avianca. Por esa razón, el Esmad se vio obligado a intervenir y a despejar el edificio.
Sin embargo, los indígenas Embera siguieron atacando los edificios, locales y población civil, en el sector del Parque Santander.
De acuerdo con la alcaldesa encargada, son 27 las personas que resultaron heridas en medio de estos hechos vandálicos.
Entre los heridos también se encuentran 8 gestores de diálogos, 14 miembros de la Policía y 5 civiles heridos.
La alcaldesa encargada anunció que se acordó con el Gobierno nacional la instalación de una mesa de diálogo que pueda dar resultados definitivos a la problemática que se ha vivido desde tiempo atrás con la comunidad indígena.
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Situación con los Embera
Desde horas de la mañana decenas de indígenas de la comunidad Embera katío que estaban asentados en el Parque Nacional y posteriormente fueron reubicados en La Rioja, se tomaron el antiguo edificio Avianca, en el Parque Santander.
Los indígenas Embera estarían usando a decenas de niños menores de edad, como escudo para evitar que las autoridades intervengan y logren evacuarlos de este edificio, que queda sobre la carrera Séptima en el centro de la ciudad, a pocos metros de la sede del Banco de la República.
Los indígenas se tomaron ilegalmente las entradas y salidas de este edificio y al interior del mismo habría más de 200 personas totalmente retenidas en contra de su voluntad.
Esta situación estaba ocurriendo a pesar de que en el lugar hay presencia de funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).
Los indígenas se habrían tomado este edificio como ‘represalia’ ante la posible negativa de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de atender nuevas exigencias de la comunidad.
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