La Contraloría General del Cauca reveló que durante la vigencia 2024 se habrían presentado graves irregularidades en la Industria Licorera del Cauca, que dejaron un presunto detrimento patrimonial superior a los $3.652 millones. Así lo confirmó el contralor departamental, Hernán Grueso Zúñiga, durante una rueda de prensa en la que se socializaron los hallazgos fiscales tras una auditoría realizada por el equipo liderado por Leidy Paredes Ruiz, directora de Auditorías y Control Fiscal.
Uno de los principales hallazgos corresponde a la exportación de licor sin el cumplimiento de los requisitos legales. Al no tener la documentación que lo acreditara como producto de exportación, el licor debió haber pagado el impuesto por comercialización dentro del país. Al no hacerlo, se calcula una afectación al erario de $1.723 millones.
También se identificó una presunta falsedad en documento público relacionada con la contratación de una persona que, al parecer, presentó un certificado académico alterado para acceder a un cargo. Este hecho fue reportado a la Fiscalía y se suma a otros posibles hechos penales detectados por el equipo auditor.
Por otra parte, se evidenció la entrega de bonificaciones a empresas sin que cumplieran con los requisitos establecidos en la resolución vigente. En algunos casos, se concedieron beneficios sin que existieran facturas electrónicas válidas, lo cual representa otro presunto detrimento.
Además, se reportó un hurto interno que implicó la pérdida de varias cajas de licor, lo que generó un daño económico cercano a los $286 millones. Según el informe, estos hechos ya están siendo investigados como parte de un posible caso de omisión de control en bodegas de almacenamiento.
La Contraloría descartó que la Secretaría de Hacienda o la Oficina de Rentas del departamento estén vinculadas directamente con estas irregularidades. “Hasta ahora, no se ha encontrado ninguna evidencia que comprometa a esas dependencias. Toda la responsabilidad recae en la administración de la Industria Licorera”, precisó Grueso Zúñiga.
Los hallazgos fueron entregados a la Fiscalía, la Procuraduría y la Oficina de Responsabilidad Fiscal, que determinarán si existen conductas penales o disciplinarias atribuibles a funcionarios específicos. La Contraloría reiteró que su objetivo es proteger el patrimonio público del departamento y asegurar que se adelanten los procesos correspondientes.
