El debate en el Concejo evidenció fallas en políticas públicas y falta de soluciones.
El aumento de habitantes en condición de calle en Ibagué volvió a encender las alarmas y el debate político en el Concejo municipal, donde concejales y ciudadanía expresaron su preocupación por la falta de resultados frente a una problemática que no deja de crecer. Más allá de las cifras, el foco se centró en la efectividad de las políticas públicas y el destino de los recursos.
Según los datos presentados, la ciudad pasó de aproximadamente 1.200 habitantes de calle en 2023 a cerca de 1.560 entre finales de 2025 e inicios de 2026. Aunque algunos informes califican el comportamiento como “estable”, los números muestran una tendencia ascendente que no logra ser contenida.
Durante el debate, se hizo una comparación clara de la evolución del fenómeno: cerca de 1.200 personas en 2023, unas 1.400 en 2024, 1.520 en 2025 y 1.560 en lo corrido de 2026. Incluso, se recordó que hace una década la cifra apenas alcanzaba las 500 personas, lo que evidencia un crecimiento sostenido que, según varios cabildantes, no ha sido controlado.
El incremento más fuerte se registró entre 2023 y 2024, con 200 personas adicionales, seguido de aumentos progresivos en los años posteriores. Factores como el consumo de sustancias psicoactivas, la migración interna y diversas dinámicas sociales fueron mencionados como causas, pero desde el Concejo insistieron en que el problema es estructural y requiere soluciones de fondo.
Uno de los puntos más críticos fue la destinación del presupuesto municipal, que para 2026 se acerca a los 2 billones de pesos tras varias adiciones. A pesar de ello, se cuestionó la falta de inversión efectiva en poblaciones vulnerables como habitantes de calle, adultos mayores y niños.
Además, se evidenció la carencia de infraestructura propia, como hogares de paso, lo que limita la capacidad institucional para atender esta problemática. A esto se suma una preocupante tasa de recaída cercana al 70% en los procesos de atención, lo que refleja fallas en las estrategias implementadas.
También se criticó el uso de recursos en gastos de funcionamiento, como arriendos, en lugar de fortalecer programas sociales sostenibles. Durante la sesión, se afirmó que los esfuerzos de la última década no han logrado reducir el fenómeno.
El panorama deja un interrogante abierto para la administración municipal: mientras las cifras continúan en aumento y el presupuesto crece, la ciudad aún no logra traducir esos recursos en soluciones reales. Ante esto, se hizo un llamado directo a la alcaldesa Johana Aranda para que lidere acciones concretas que permitan frenar esta crisis visible en las calles.
