Una nueva polémica sacude al municipio de Gigante, Huila, tras la decisión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) de adjudicar 222 hectáreas del Páramo de Miraflores a comunidades indígenas provenientes del Cauca. La medida, ejecutada por el equipo territorial de la ANT en el departamento, liderado por Lester Fabián Garrido, ha encendido las alarmas de ambientalistas, campesinos y autoridades regionales, al tratarse de una zona catalogada como ecosistema estratégico de alta montaña.
Aunque desde la Agencia Nacional de Tierras se asegura que el proceso cuenta con el respaldo institucional desde el año 2018, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) desmintió dicha versión, señalando que nunca ha otorgado autorización para titular tierras en un área protegida como el páramo de Miraflores.
ANT defiende su actuación
Lester Fabián Garrido, coordinador territorial de la ANT en Huila, aseguró que el proceso responde a una solicitud de comunidades indígenas asentadas en la zona limítrofe entre el Huila y el Cauca, y que fue iniciado hace más de cinco años con base en normas de restitución de derechos territoriales. Según Garrido, los actos administrativos están amparados por estudios previos y una evaluación de pertinencia legal y técnica que permite dar curso a la entrega de los predios.
“La Agencia no actúa de forma improvisada. Aquí hay un proceso consolidado que ha seguido todas las etapas normativas requeridas. Contamos con documentación y antecedentes que respaldan esta actuación”, afirmó Garrido, subrayando que se trata de un acto de justicia territorial para comunidades históricamente marginadas.
CAM reitera su oposición
No obstante, la CAM sostiene una posición radicalmente opuesta. A través de un comunicado oficial, la autoridad ambiental del Huila afirmó que no existe ningún aval por parte de la entidad para adjudicar predios en áreas de conservación, y recordó que el Páramo de Miraflores hace parte de un ecosistema protegido en virtud de su importancia hídrica y biodiversa.
“La adjudicación de estas tierras en un área de páramo representa una amenaza directa para los servicios ecosistémicos que abastecen acueductos y cultivos de las comunidades aledañas”, expresó Carlos Alberto Cuéllar Medina, director de la CAM. La entidad advirtió que tomará acciones jurídicas para evitar una posible afectación ambiental irreversible.
Comunidades se pronuncian
Habitantes de la zona rural de Gigante manifestaron su inconformidad frente a la decisión de la ANT. Algunos líderes campesinos aseguran que nunca fueron consultados y temen que la llegada de nuevos ocupantes pueda alterar el equilibrio social y ecológico del territorio. Solicitan la intervención del Ministerio de Ambiente y la Defensoría del Pueblo para revisar la legalidad de la adjudicación y mediar en el conflicto emergente.
La controversia sigue abierta y refleja las tensiones crecientes entre el derecho a la tierra de comunidades étnicas y la urgencia de preservar ecosistemas frágiles como los páramos. Mientras tanto, el futuro de las 222 hectáreas adjudicadas permanece en un limbo jurídico, político y ambiental.
