En días pasados en Ipiales se llevó a cabo una jornada en conjunto con las autoridades de Colombia y Ecuador con el objetivo de analizar la precaria situación que actualmente se encuentra atravesando la comunidad Awá como consecuencia de la minería ilegal y el narcotráfico, esto teniendo en cuenta que están presentes en zona fronteriza de los dos territorios. Ante los constantes casos de violencia en contra de los indígenas las Defensorías del Pueblo de los dos países emitieron la primera alerta binacional a la cual se le hizo seguimiento durante el evento.
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Es de recordar que en días pasados el defensor del Pueblo, Carlos Camargo anunció al país la primera alerta que fue construida en conjunto con el defensor de Ecuador, Cesar Córdoba, de manera que se pueda prevenir una situación preocupante para los dos gobiernos como lo es la vulnerabilidad de riesgos que tienen las comunidades Awá en materia de Derechos Humanos ya que se encuentran bajo constantes amenazas, intimidaciones, desplazamientos e incluso el reclutamiento de menores.
Con respecto a esta situación, Córdoba expresó: “es la primera alerta binacional que tiene el objetivo de verificar los hechos en las áreas fronterizas de los dos países; desde la Defensoría vamos a poner mayor énfasis en los puntos de prevención. La Defensoría siempre ha actuado sobre hechos acontecidos, tratando de coadyuvar para las soluciones de posibles vulneraciones de Derechos Humanos, pero, ahora debemos ir más allá, prevenir es menos oneroso para los estamentos, pero, es más fácil que remediar o reparar por eso estamos enfocados en la prevención”.
Por su parte el líder de la comunidad Awá, Ricardo Solarte consideró importante resaltar las soluciones estructurales a las problemáticas existentes en el territorio para los indígenas y de ser necesario seguir desarrollando comisiones de seguimiento que les permita conocer las acciones de las entidades y los compromisos que se establecen a través de estos espacios.
Una de las acciones con la cual se busca mitigar esta problemática según lo dicho por el defensor de Colombia, consiste en el fortalecimiento bilateral y una mayor presencia de la Fuerza Pública como factor disuasivo ante el accionar de los grupos armados ilegales.
Según los datos suministrado desde las autoridades institucionales uno de los hechos que mayormente se presentan en la comunidad que tiene presencia en Nariño y Putumayo, está relacionado con el reclutamiento de menores por parte de los grupos armados con presencia en estas zonas, quienes incluso se llevan cada mes de 7 a 8 infantes para hacer parte de sus filas, todo esto producto de los cultivos de coca, narcotráfico e incluso la minería ilegal.
