Le cayó la Fiscalía a reconocida trituradora en el Meta

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Si bien la empresa tenía permiso para operar, habría ocultado el daño ambiental causado y la extralimitación del título minero obtenido.
Fiscalía

La Fiscalía informó sobre la captura y judicialización de Rocío Umaña Guevara, la representante suplente del grupo empresarial acusado de extraer ilegalmente miles de toneladas de arena, piedra y gravilla en la vereda Brisas del Guayuriba, en la vía que comunica a Villavicencio con Acacías.

Delitos

La mujer fue imputada por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, explotación ilícita de yacimiento minero y otros, contaminación ambiental, daño a los recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Según la investigación, Rocío alteraba y destruía documentos, modificando los sistemas contables para ocultar la realidad sobre las cantidades de gravilla y arena obtenidas, que estaban exageradamente por encima de las autorizadas por la Agencia Nacional de Minería (ANM).

La Fiscalía cree que Umaña ayudó en la evasión de impuestos y dice que la empresa no ha podido justificar ingresos por más de 34.000 millones de pesos entre el 2017 y julio de 2020.

“Los elementos de prueba dan cuenta de que la estructura delictiva habría sobrepasado en grandes cantidades los límites de explotación, desde 2017. Al parecer, recurrió a diferentes maniobras contables, así como a la modificación o destrucción de documentación para no reportar ante la ANM los volúmenes desmedidos de extracción”, sostiene el ente investigador.

Tenía permisos

La Agencia Nacional de Minería le otorgó dos títulos mineros para obtener material de arrastre, con unos topes establecidos, y Cormacarena le concedió los permisos ambientales.

La Fiscalía impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 20 bienes ubicados en Villavicencio, Restrepo y Acacías, cuyo valor supera los 31.000 millones de pesos.

Entre las propiedades afectadas están cuatro vehículos, seis remolques y dos terrenos de 11 hectáreas, donde funcionaba el frente de explotación ilegal.

La Contraloría General de la República alertó que el 85 % del oro que se exporta desde Colombia es producto de la minería ilegal, la entidad llegó a esta conclusión al realizar un balance de sus acciones de control fiscal y seguimiento a los principales daños ambientales de Colombia e indicó que esta actividad ilícita está acabando con los ríos en el país.

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