La Procuraduría General de la Nación adelanta una actuación disciplinaria para esclarecer denuncias que involucran a una funcionaria del Hospital Universitario de Neiva por un supuesto caso de constreñimiento electoral hacia personal del centro asistencial.
El proceso menciona a Marisol Rubiano Silva, quien actualmente se desempeña como jefe de Talento Humano. El organismo de control busca determinar si, en el ejercicio de su cargo, habría podido presentarse alguna conducta que implicara presuntas presiones a trabajadores y contratistas en medio de actividades políticas relacionadas con las elecciones al Congreso.
Reuniones
De acuerdo con información conocida dentro del expediente, algunas quejas señalan que presuntamente a funcionarios se les habría pedido asistir a encuentros políticos y registrar en planillas los nombres de personas vinculadas al respaldo de campañas al Congreso, entre ellas las de Flora Perdomo y María Lucía Villalba. No obstante, estos señalamientos hacen parte de las averiguaciones iniciales y serán objeto de verificación dentro del proceso disciplinario.
Como parte de las diligencias, la Procuraduría solicitó al hospital varios documentos relacionados con la vinculación laboral de la funcionaria, entre ellos certificaciones de empleo, antecedentes laborales y el manual de funciones del cargo que desempeña, con el propósito de precisar el alcance de sus responsabilidades dentro de la institución.
¿Acoso?
De forma paralela, se conoció que la Procuraduría Regional de Instrucción del Huila abrió otra investigación contra la misma funcionaria por un presunto caso de acoso laboral.
Esta actuación se originó a partir de una queja presentada por la servidora pública Sandra Milena Salcedo Vera. En desarrollo del proceso, el Ministerio Público pidió al hospital copia de los expedientes y actuaciones adelantadas por el Comité de Convivencia Laboral en relación con esta denuncia. Las autoridades reiteraron que ambas investigaciones tienen como objetivo esclarecer los hechos y establecer si existen responsabilidades disciplinarias, garantizando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia de la funcionaria involucrada.
