De las 1250 viviendas que se prometieron solo se entregaron 114 terminadas
Lo que comenzó como una ambiciosa apuesta por el mejoramiento de vivienda en Bogotá, terminó siendo un drama para cientos de familias que aún esperan una respuesta. El programa Plan Terrazas, impulsado durante la administración de la exalcaldesa Claudia López, prometía intervenir 1.250 viviendas de sectores vulnerables en la ciudad, a través de un modelo de renovación estructural con enfoque social. Sin embargo, la realidad terminó siendo muy distinta: solo 114 viviendas fueron entregadas completamente terminadas, mientras que otras 134 quedaron en obra negra y fueron abandonadas, dejando a sus propietarios con casas inhabitables o a medio derribar.
El proyecto contemplaba un plazo de ejecución de apenas ocho meses y medio por vivienda, pero, dos años después, muchas de estas familias no solo no han recibido la mejora prometida, sino que vieron cómo su situación habitacional empeoró. A muchas de ellas les demolieron techos, muros o estructuras internas como parte del inicio de las obras, pero nunca se les terminó el trabajo. Algunas personas han tenido que irse a vivir con familiares, pagar arriendos que no pueden sostener, o incluso permanecer en estructuras improvisadas, expuestas a condiciones de inseguridad y vulnerabilidad. En los casos más críticos, los hogares afectados colapsaron o quedaron en condiciones de inhabitabilidad absoluta.
Millonarios anticipos y ausencia total
La magnitud del problema no se limita al abandono de las obras. De acuerdo con las denuncias, en el marco del programa se contrataron trabajos por más de $62.000 millones, de los cuales se habrían entregado más de $18.000 millones como anticipos a contratistas que posteriormente incumplieron sus obligaciones. A pesar de que el programa contaba con interventorías contratadas por cerca de $6.000 millones, estas no garantizan el adecuado control de las obras, ni emitieron alertas suficientes sobre los retrasos o abandonos, permitiendo que el deterioro del programa se agravara con el tiempo.
Lo más preocupante es que, según los testimonios de varios afectados, hubo un silencio institucional prolongado, en el que no hubo ni respuestas claras ni soluciones concretas. La falta de acción oportuna por parte del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Caja de Vivienda Popular y otras entidades responsables ha sido duramente criticada. Para muchas familias, lo que debía ser un proceso de mejoramiento habitacional digno y transformador terminó convertido en una pesadilla que los dejó sin hogar, sin respaldo y sin justicia.
Exigen investigaciones
Organizaciones sociales y algunos concejales han pedido a la Contraloría y a la Procuraduría abrir investigaciones formales por presuntos hechos de corrupción y negligencia en la ejecución del Plan Terrazas. Hay preocupación de que, además de los recursos perdidos, exista una red de contratistas que habría recibido los dineros sin ejecutar los trabajos, y que la falta de control por parte de las interventorías pueda haber sido deliberada.
Mientras tanto, las familias afectadas insisten en que no se puede permitir que el programa quede en el olvido ni que las responsabilidades se diluyen entre excusas administrativas. Piden una revisión exhaustiva de los contratos, sanciones ejemplares a quienes incumplieron, y la reactivación inmediata de las obras con nuevos recursos y equipos que garanticen la finalización digna y segura de las viviendas prometidas.
El Plan Terrazas, que alguna vez fue anunciado como una muestra de innovación social para cerrar brechas habitacionales en Bogotá, hoy representa una profunda crisis de confianza en la gestión pública y una herida abierta en los hogares de quienes más necesitan apoyo del Estado.
