El Tribunal Administrativo de Boyacá notificó al Gobernador del departamento para que se realicen las actuaciones pertinentes con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el Consejo de Estado, que anuló el acto de elección de la alcaldesa de Nuevo Colón, Alba Merly Maranata. Esta acción corresponde a una sentencia emitida el 10 de octubre de 2024, en la cual la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, revocó la sentencia proferida por el mismo tribunal el 9 de mayo de 2024, declarando la nulidad del auto de selección de la señora Maranata Contreras como alcaldesa de Nuevo Colón, Boyacá. Como consecuencia, se ordena la convocatoria de nuevas elecciones para este cargo. El Tribunal, en su notificación, hizo un llamado explícito para que se tomen las medidas necesarias a fin de cumplir con la resolución judicial. Se destacó la urgencia de que la administración departamental actúe conforme a lo ordenado por el Consejo de Estado. Esta situación ha generado inquietud tanto en los ciudadanos de Nuevo Colón como en algunos analistas políticos, quienes consideran que el incumplimiento podría derivar en una crisis de legitimidad en la administración local.
Polémica
La controversia surgió a raíz de la falta de respuesta inmediata del Gobernador a la sentencia del Consejo de Estado, la cual fue aclarada y adicionada por providencia del 7 de noviembre de 2024. En esta providencia, el Consejo de Estado rechazó una solicitud de aclaración y precisó que se confirmaban los numerales 3 y 4 de la providencia del 9 de mayo de 2024. Además, el Tribunal Administrativo de Boyacá rechazó el 22 de noviembre de 2024 la solicitud de nulidad presentada por las partes interesadas. A raíz de esto, el Tribunal ordenó, por secretaría, que se realicen las actuaciones pertinentes y que se envíen las comunicaciones correspondientes a las partes involucradas, entre ellas la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, el municipio de Nuevo Colón y, por supuesto, al Gobernador de Boyacá. Se incluyó una copia de la sentencia y la certificación de su ejecutoria para que el Gobernador tome las medidas necesarias y disponga de los recursos y plazos correspondientes para cumplir con lo ordenado.
Repercusiones
La demora en la implementación de estas acciones ha sido criticada ampliamente, pues pone en riesgo la estabilidad política y administrativa de Nuevo Colón. Los habitantes del municipio, quienes han esperado durante varios meses una resolución definitiva, ahora enfrentan la incertidumbre sobre cuándo se convocarán las nuevas elecciones. La falta de acción inmediata por parte del Gobernador de Boyacá ha generado un creciente malestar entre la población, elevando las tensiones entre las autoridades departamentales y judiciales. Para analistas locales, este incidente pone de manifiesto la importancia de garantizar que las decisiones judiciales sean ejecutadas de manera oportuna, especialmente cuando se trata de procesos electorales que afectan directamente a los ciudadanos. Además, resalta la función crítica de las autoridades locales para asegurar que la justicia electoral sea aplicada en su totalidad, sin demoras que puedan comprometer la transparencia y la confianza en el sistema electoral .
Trashumancia Electoral
El Consejo de Estado fundamentó su decisión en la trashumancia electoral, donde se identificó la participación de votantes sin vínculo con el municipio. Según el Consejo Nacional Electoral, se anularon 201 cédulas inscritas irregularmente, una cantidad que alteró significativamente el resultado de los comicios.
La alcaldesa Maranta explicó: «El sistema SAMAI me notificó hace unos días, pero mientras no haya un auto que ordene mi retiro, no puedo dejar mi puesto. Sería un abandono del cargo y esto podría derivar en una grave investigación disciplinaria en mi contra.»
El Tribunal Administrativo de Boyacá ha notificado al Gobernador del departamento para que se tomen las acciones necesarias y se dé cumplimiento a la sentencia del Consejo de Estado, que anuló la elección de la alcaldesa de Nuevo Colón, Alba Merly Maranata. A pesar de la urgencia de la situación, la demora en la ejecución de la sentencia ha generado preocupación en los ciudadanos y analistas políticos, quienes temen que la falta de cumplimiento pueda afectar la estabilidad política y administrativa del municipio. La situación resalta la importancia de garantizar que las decisiones judiciales sean implementadas sin demoras, especialmente en procesos electorales clave para la democracia y la confianza pública.