La solicitud de apertura de un incidente de desacato contra el alcalde de Paipa, Germán Camacho, y su secretario de Agricultura evidencia la falta de compromiso de la Administración Municipal en el cumplimiento de medidas judiciales diseñadas para garantizar la protección y bienestar de los animales en situación de calle. Este hecho refleja no solo una deficiencia administrativa, sino también una omisión que perpetúa el sufrimiento de una población vulnerable y desconoce el mandato legal establecido en una sentencia de acción popular. La mencionada sentencia ordenó al municipio implementar un conjunto de acciones fundamentales, como la realización de un censo exhaustivo, la prestación de servicios de albergue, el apoyo a fundaciones locales, la ejecución de campañas de concientización y la implementación de esterilizaciones periódicas. No obstante, las acciones adelantadas hasta el momento han resultado insuficientes y, en algunos casos, inexistentes.
Un censo incompleto, con una metodología cuestionable en el área rural, demuestra una falta de rigor en la identificación de la magnitud del problema. Adicionalmente, la ausencia de una planificación adecuada para garantizar un albergue permanente, reflejada en un proceso precontractual improvisado con una fundación que desconocía el trámite, agrava aún más la situación. La omisión en el apoyo a las fundaciones locales, sumada al incumplimiento de las esterilizaciones ordenadas y a las campañas de concientización limitadas a redes sociales, pone de manifiesto una negligencia administrativa evidente.
Si bien las redes sociales pueden ser una herramienta complementaria, no sustituyen la necesidad de desarrollar campañas de concientización efectivas y directas, dirigidas a sensibilizar a la población sobre la responsabilidad en la tenencia de mascotas. La superficialidad con la que estas actividades han sido tratadas refleja la falta de interés de la administración por abordar el problema en su esencia. El incumplimiento de estas órdenes judiciales no solo denota un irrespeto hacia el poder judicial, sino también una preocupante falta de responsabilidad hacia la protección de los derechos de los animales y el bienestar general de la comunidad.
Este caso subraya la necesidad de que las autoridades municipales asuman con seriedad su rol como promotoras de políticas públicas efectivas y cumplan con las obligaciones que les han sido impuestas. La apertura del incidente de desacato resulta una medida pertinente y urgente. Las autoridades involucradas deben rendir cuentas por su inacción y tomar medidas inmediatas para rectificar la situación. La negligencia en la atención de estas problemáticas no solo afecta la confianza ciudadana en sus gobernantes, sino que también perpetúa la invisibilizarían de cuestiones sociales que requieren atención prioritaria.
