La vereda Puerto Seco vuelve a levantar la voz. Esta vez, la comunidad denuncia una serie de situaciones que, según afirman, están poniendo en riesgo su bienestar, su entorno y su derecho al trabajo. Entre las afectadas se encuentra Lisa Yurani Castañeda, habitante del sector, quien se ha convertido en una de las voces visibles para exigir claridad y soluciones frente a los hechos que hoy inquietan a la población.
Los residentes señalan un presunto incumplimiento de la licencia ambiental otorgada para actividades desarrolladas en la zona. Aseguran que los compromisos establecidos no se están cumpliendo y que los impactos ambientales están comenzando a sentirse en la vida cotidiana: alteraciones en el suelo, afectaciones hídricas y pérdida de tranquilidad en un territorio que históricamente ha dependido de sus recursos naturales para sobrevivir.
A esto se suma la violación del derecho al trabajo, tema que preocupa especialmente a Castañeda y a decenas de familias que hoy se sienten desprotegidas. Las dinámicas laborales, afirman, han cambiado abruptamente, dejando a muchos sin garantías mínimas y sin alternativas reales para responder por sus hogares.
El panorama es aún más delicado al considerar que, según líderes comunitarios, existe una probabilidad de que cerca de 80 familias resulten afectadas como núcleo social, lo que podría comprometer su estabilidad económica, la permanencia en el territorio y el tejido comunitario que los ha sostenido por generaciones.
Ante este escenario, los habitantes de Puerto Seco reclaman presencia institucional, seguimiento real y acciones que garanticen tanto la protección ambiental como sus derechos laborales y sociales. “Solo pedimos que se respete lo pactado y se escuche nuestra voz”, insiste Lisa Yurani, reflejando el sentimiento colectivo de una comunidad que hoy exige respuestas.
