Gracias a un trabajo investigativo adelantado por agentes pertenecientes a la Fiscalía General de la Nación se logró la incautación de dos toneladas y media de cocaína en el departamento de Nariño. Según la información suministrada, el estupefaciente al parecer estaba listo para ser empacado y enviado a zonas costeras del pacífico colombiano poniendo en riesgo la salud e integridad de las personas residentes en estos sectores con la distribución de los alucinógenos.
Este resultado fue posible por las labores indagatorias realizadas por la entidad competente en contra de las estructuras criminales que contralan la producción de estupefacientes en el suroccidente del país, con la articulación de capacidades con el Ejército Nacional y la agencia estadounidense de la Administración de Control de Drogas, DEA, lo cual permitió identificar y ubicar un cristalizadero de cocaína en la vereda El Salado en el municipio de Samaniego en el departamento de Nariño.
En este orden de ideas, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI y unidades militares se trasladaron al área, y en medio de una zona selvática constataron la existencia de un complejo narcotraficante destinado a la producción a gran escala de sustancias ilícitas.
En el lugar las autoridades informaron que se encontraron 2.6 toneladas de clorhidrato de cocaína, 400 kilogramos de pasta base de coca, 535 kilogramos de insumos químicos sólidos, 4.631 galones de precursores líquidos y maquinaria utilizada para el procesamiento ilegal. Los cálculos preliminares indican que todos los elementos hallados por soldados del Ejército Nacional en conjunto con la Fiscalía, superan en valor los 3.4 millones de dólares.
Los elementos materiales de prueba dan cuenta de que el laboratorio estaría al servicio de la compañía Jaime Toño Obando del Frente Comuneros del Sur del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Asimismo, permitieron conocer que la cocaína iba a ser empacada, trasladada al Pacífico colombiano y finalmente enviada a países de Centroamérica y Estados Unidos.
Un fiscal de la Delegada contra la Criminalidad Organizada acudió ante un juez de control de garantías, y obtuvo legalidad sobre los procedimientos y los elementos hallados.
