Fiscalía revela presunta red para manipular contratos públicos desde la Alcaldía de Tunja
El escándalo político estalló con fuerza en la capital boyacense. La Fiscalía General de la Nación imputó graves delitos de corrupción al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, y a la particular María Luisa Pedraza Canaría, señalados de, presuntamente, participar en una estructura para direccionar contratos y manipular procesos dentro de la administración municipal. Según la investigación, ambos habrían actuado de manera coordinada para intervenir en decisiones clave relacionadas con la contratación pública, especialmente en la Caja de Vivienda de Tunja, Ecovivienda. Para la Fiscalía, no se trataría de hechos aislados, sino de un posible acuerdo que comprometió la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Durante la audiencia, el ente acusador imputó a Krasnov y Pedraza el delito de asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, una conducta que podría acarrear penas entre 16 y 54 meses de prisión.
Este señalamiento apunta a la existencia de una presunta alianza para alterar el curso legal de los procesos contractuales. Pero la situación del mandatario es aún más delicada. A Mikhail Krasnov también se le imputó el delito de abuso de función pública, con penas que oscilan entre los 16 y 36 meses de prisión. Además, fue señalado como determinador del delito de interés indebido en la celebración de contratos, una de las conductas más graves dentro del expediente.
De acuerdo con la Fiscalía, Krasnov habría ejercido su poder político para delegar, de manera irregular, funciones en María Luisa Pedraza Canaría, permitiéndole incidir directamente en la selección de contratistas, el direccionamiento de procesos y otras decisiones administrativas, sin tener un cargo formal dentro de la estructura estatal. Por su parte, Pedraza Canaría enfrenta cargos como autora del delito de usurpación de funciones públicas y como interviniente en el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Este último, según la Fiscalía, se habría cometido en varias ocasiones, lo que agrava su situación judicial. Las penas por este delito pueden ir desde los 64 hasta los 216 meses de prisión, convirtiéndose en el señalamiento más severo del proceso.
El ente investigador fue contundente al señalar que la responsabilidad del alcalde se configura bajo la figura de determinador, es decir, como quien habría orientado o permitido la ejecución de las conductas ilícitas. Para la Fiscalía, otorgar control a una particular sobre entidades públicas constituye una grave irregularidad que afecta directamente la legalidad administrativa. Aunque los procesados no aceptaron los cargos, el proceso judicial continúa y definirá su situación jurídica en las próximas etapas. Mientras tanto, Tunja enfrenta una crisis institucional que pone en duda la transparencia de su administración y deja una pregunta abierta: ¿error de gestión o red de corrupción?
La última palabra la tendrá la justicia, pero el golpe político ya está dado.
