En un giro inesperado en el caso del empresario Carlos Mattos, la Fiscalía ha decidido imputar a varios guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) tras la revelación de que permitieron que el condenado paseara por las calles de Bogotá.
Según las investigaciones, Mattos, quien se encuentra en prisión por corrupción y otros delitos, fue visto en varias ocasiones fuera de su lugar de reclusión sin la debida autorización. Este hecho ha generado una ola de indignación y cuestionamientos sobre la seguridad y el control en las instituciones penitenciarias del país.
La imputación se centra en la supuesta negligencia y complicidad de los guardias, quienes, según la Fiscalía, violaron los protocolos de seguridad establecidos. Las autoridades han señalado que estas acciones no solo comprometen la integridad del sistema penitenciario, sino que también envían un mensaje preocupante sobre la impunidad y el favoritismo hacia figuras influyentes.
Los guardias implicados se enfrentarán a un proceso judicial, mientras que el Inpec ha anunciado una revisión de sus procedimientos internos para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro. La comunidad espera respuestas contundentes y medidas efectivas que aseguren que la ley se aplique por igual a todos, sin excepción.
Carlos Mattos, por su parte, aún se encuentra bajo investigación por otros casos relacionados, y su situación legal podría complicarse aún más tras este incidente. La noticia ha reavivado el debate sobre la corrupción y la falta de control en el sistema penitenciario colombiano.
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