La Fiscalía General de la Nación presentó a Claudia Esperanza Amaya Vargas funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores ante un Juez de control de garantías del complejo judicial de Paloquemao, por ser la presunta responsable de realizar contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de los mismos y peculado por apropiación.
Hechos
Por este motivo, la Fiscalía General de la Nación, mediante varias investigaciones pudo establecer y encontrar que en septiembre de 2016 y enero de 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores firmó tres contratos, en donde el valor ascendió a $828 millones de pesos para adquirir y poner en funcionamiento u sistema único integrado para la gestión de documentos electrónicos.
En donde se evidenció varias irregularidades, entre las que está que los contratos se hicieron de manera directa por falta de oferentes, y que la señora Amaya Vargas, en su calidad de supervisora, certificó el cumplimiento total de las obligaciones, por lo que no hizo ninguna recomendación ni observación.
En dichas irregularidades otorgó paz y salvos de los convenios en mención, causando a la entidad un detrimento patrimonial por valor de $399 millones de pesos.
La imputación
Un Fiscal de la Unidad de Administración Pública de Bogotá imputó a la funcionaria de la cancillería, el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La procesada no aceptó los cargos mencionados.
