El anuncio del Ministerio de Hacienda sobre la aplicación de una retención en la fuente del 1.5% a pagos realizados a través de plataformas digitales como Breve, Nequi, Daviplata, PSE y QR, ha despertado preocupación en el sector comercial del Huila, especialmente entre pequeños empresarios que apenas iniciaban su transición hacia los medios digitales.
Muchos comerciantes aseguran que esta decisión desincentiva el uso de herramientas tecnológicas, generando un retroceso en el proceso de formalización e inclusión financiera. “Nos piden modernizarnos, pero cada paso hacia la digitalización viene acompañado de un nuevo cobro”, expresó Marta Cuéllar, propietaria de un local en el centro de Neiva.
Voces críticas
La huilense María Lucía Villalba, actual secretaria de Gobierno de Bogotá, también se pronunció sobre el tema, cuestionando la coherencia del decreto.
“¿De verdad el gobierno quiere modernizar la economía cobrando un 1.5% a cada pago digital? Esto mata la innovación y frena el progreso antes de despegar”, afirmó.
Villalba explicó que Breve, el nuevo sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, fue diseñado para masificar las transacciones electrónicas con costos mínimos, promoviendo la inclusión financiera y la trazabilidad económica. Sin embargo, la nueva retención, advirtió, “terminará incentivando el uso del efectivo y aumentando la informalidad”.
Golpe a la innovación
En departamentos como el Huila, donde las microempresas y tiendas de barrio apenas comienzan a adoptar sistemas de pago digitales, el impacto puede ser mayor. Expertos locales señalan que la medida restringe el acceso a la economía digital, limita las oportunidades de crecimiento y ralentiza el comercio electrónico, un sector que venía mostrando señales de recuperación.
“Si queremos un país moderno, no podemos castigar lo digital. La ruta sensata es reducir retenciones, acelerar la implementación de Breve y fortalecer la confianza tecnológica”, puntualizó Villalba.
Un retroceso
El comercio huilense, que enfrenta los desafíos de la inflación y la competencia tecnológica, considera que este impuesto llega en el peor momento. En lugar de promover la innovación, aumenta la carga para los emprendedores y frena la adopción de herramientas digitales que podrían dinamizar la economía regional.
La conclusión es clara: si el país desea avanzar hacia una economía moderna, deberá apostarle a la tecnología sin penalizarla, garantizando condiciones justas que impulsen la competitividad y la inclusión financiera de los territorios.
