La controversia gira en torno al contrato 864 de 2015, por un valor de $37.142 millones, adjudicado a la empresa Global Environment and Health Solutions de Colombia, cuyo representante legal es Ricardo Gailer Garcés. Según las investigaciones, los equipos médicos adquiridos bajo este convenio presentaron sobrecostos exorbitantes que oscilaron entre el 500% y el 1.200%, lo que generó un grave detrimento patrimonial.
Implicados
Entre los principales implicados en el escándalo se encuentran Sandra Buitrago, exgerente de la ESE Solución Salud; Óscar Carriazo, subgerente asistencial; Fabián Saavedra, jefe de la oficina jurídica; y el contratista Ricardo Gailer Garcés, quienes, según las investigaciones, habrían participado en la aprobación y ejecución del contrato con costos inflados. Sin embargo, lo más alarmante del caso es la presunta entrega de millonarias coimas a figuras políticas de la región, como quedó evidenciado en la audiencia de imputación de cargos del 5 de marzo de 2018.
Documentos financieros y comprobantes de pago revelaron la distribución de grandes sumas de dinero a funcionarios como el exalcalde de Villavicencio Wilmar Barbosa y su exsecretario privado Jacobo Matus, cada uno con un presunto pago de $742 millones. Igualmente, el exgobernador Alan Jara y el exaspirante a la Cámara de Representantes Jaime Rodríguez, habrían recibido $3.714 millones cada uno, mientras que Sandra Buitrago, exgerente de la entidad, habría recibido $1.857 millones.
