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El Ministerio de Asuntos Exteriores de China afirmó que el individuo a quien se le ha prohibido abandonar el país es de nacionalidad estadounidense y se encontraba inmerso en un asunto penal.
Este lunes (21.07.2025), la Cancillería china declaró que «todos deben acatar las leyes chinas mientras se encuentren en China», en respuesta a noticias sobre un ciudadano de Estados Unidos, trabajador del Gobierno de dicho país, al que se le ha prohibido abandonar el país desde abril por presuntos motivos de seguridad nacional.
De acuerdo con la agencia Reuters, sería una directora ejecutiva del banco Wells Fargo de Estados Unidos. Este suceso ha obligado a Wells Fargo a cancelar todos los desplazamientos laborales a China, provocando inquietud entre las corporaciones sobre los peligros de operar en la nación. El escenario ocurre en medio de relaciones previamente tensas entre Estados Unidos y China.
Hoy, el representante del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, afirmó que «China es una nación gobernada por el Estado de derecho y administra los asuntos de entrada y salida conforme a la ley», y evitó proporcionar detalles concretos acerca del caso. En respuesta a los medios, Guo insistió en que, «sin importar si es un ciudadano chino o foráneo, todos deben acatar las leyes chinas mientras se encuentren en China».
El periódico de Hong Kong South China Morning Post reportó que el individuo afectado es una empleada del Departamento de Comercio de Estados Unidos, de ascendencia china y ex militar, que se trasladó en abril a Chengdu por razones personales. Cuando llegó, fue notificada de que no podía dejar el país.
Las fuentes mencionadas por dicho medio indican que el caso estaría relacionado con un delito penal, una presunta negligencia en su petición de visado, al no informar sobre su estatus de funcionaria de Estados Unidos.
A pesar de que no se le han imputado cargos conocidos, la funcionaria fue posteriormente trasladada a Pekín en compañía de un oficial consular de Estados Unidos. No se ha confirmado su paradero actual.
El mismo medio indica que en China, las denominadas «prohibiciones de salida» se imponen a ciudadanos foráneos o locales involucrados en disputas civiles, pesquisas penales o vistos como un peligro para la seguridad nacional, y que han sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y gobiernos de occidente.
