La Asamblea Departamental del Huila realizó un extenso debate de control político para examinar las graves afectaciones que padecen comunidades ribereñas y sectores productivos tras la apertura simultánea de compuertas en las represas El Quimbo y Betania, operadas por ENEL. El propósito central fue avanzar hacia un plan de acción que integre al sector privado, entidades territoriales, Gobierno Departamental y autoridades nacionales.
Denuncias
Durante la sesión, líderes comunitarios relataron pérdidas devastadoras. Freddy Andrade, productor afectado, denunció que más de 500 familias quedaron sin cultivos ni sistemas productivos y advirtió que, de no haber respuestas, acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Criticó la falta de un censo claro y el silencio institucional, que “duele más que la inundación”.
Ausencias
La ausencia de ocho de los nueve alcaldes de municipios afectados generó malestar entre los asistentes. “¿Dónde están los representantes de las comunidades?”, cuestionó Andrade. El presidente de la Asamblea, Sergio Trujillo, insistió en que “la gente está cansada” y pidió escalar el debate a nivel nacional con una mesa técnica que incluya al Congreso.
Responsabilidad
El diputado Armando Acuña anunció que solicitará investigaciones a Fiscalía, Procuraduría y Contraloría por presuntas violaciones a normas de gestión del riesgo. Afirmó que ENEL debe responder penal y administrativamente por vulnerar protocolos en el manejo de embalses. Miller Dussán, líder de la Asociación de Afectados por El Quimbo, recordó que el Consejo de Estado ratificó la falta de rigor técnico en estudios de ENEL y exigió compensaciones reales.
Exigencias
Juan Carlos Ortiz Cuéllar, de la CAM, insistió en actualizar escenarios de riesgo y establecer protocolos claros y comunicación oportuna. El diputado Virgilio Huergo calificó la situación como “alerta roja” para todo el sistema de gestión del riesgo, destacando que los sueños de cientos de familias fueron truncados y que “esto pudo ser una tragedia incalculable”.
La jornada culminó con la creación de una Comisión Accidental conformada por diputados, delegados comunitarios y representantes de la CAM. Esta trabajará en una hoja de ruta que garantice una respuesta integral a la crisis. La Asamblea aseguró que este será el primero de varios debates y que llevará la discusión a instancias nacionales para exigir justicia, reparación y responsabilidades claras.
