En el barrio Los Parques, al oriente de Neiva, la intersección de la calle 2I con carrera 30 se ha convertido en símbolo del deterioro urbano y de lo que el veedor ciudadano Leonardo Narváez califica como una “derrota institucional frente a la geometría básica”. A través de una denuncia pública sustentada con registros fotográficos y argumentos técnicos, Narváez expone el estado crítico de una vía intervenida durante la administración municipal 2024–2027, cuya ejecución hoy genera más riesgos que soluciones.
Denuncia
Las imágenes hablan por sí solas: un bus de transporte público inclinado peligrosamente, motocicletas maniobrando con dificultad y un cráter en plena vía que, lejos de ser un simple bache, evidencia una obra mal planeada y peor ejecutada. Según el veedor, lo que allí ocurre no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de la falta de supervisión y control en proyectos financiados con recursos públicos.
Narváez recurre a una explicación sencilla, casi pedagógica, para ilustrar el problema. Una vía segura —afirma— requiere asfalto en buen estado, drenaje funcional y nivelación adecuada. En este punto específico de la carrera 30, ninguno de esos elementos se cumple. El asfalto se encuentra fracturado, el drenaje es improvisado y la nivelación es inexistente. El resultado, en términos prácticos, es una vía insegura que pone en riesgo permanente a conductores y peatones.
Grave situación
El veedor advierte que la situación es aún más grave por el flujo constante de actores viales: buses, motocicletas, peatones, niños y adultos mayores. A ello se suman material suelto y acumulación de agua, factores que elevan considerablemente la probabilidad de un siniestro vial. “No es una opinión, es estadística”, señala Narváez, insistiendo en que el riesgo de accidente es prácticamente inevitable si no se interviene de manera urgente.
Más allá del hueco visible en el asfalto, la denuncia apunta a responsabilidades administrativas. Para el veedor, este daño no surgió de manera espontánea, sino que es producto de una obra pública mal ejecutada, con fallas en la planeación, supervisión y recepción. En ese sentido, advierte que cualquier accidente futuro no debería catalogarse como un hecho fortuito, sino como una omisión institucional previsible.
Narváez también cuestiona la aparente contradicción entre la calidad de la obra y los recursos invertidos. Mientras la vía se deteriora rápidamente, los contratos —según denuncia— sí “sumaron millones”, dejando en evidencia una brecha preocupante entre la inversión realizada y el resultado entregado a la comunidad.
