Deisy Zuñiga, madre de un niño de 11 años diagnosticado con leucemia, comparte el drama que viven numerosas familias vallecaucanas, debido a la crisis en la prestación de servicios de salud en el Valle del Cauca. Desde hace mes y medio espera autorizaciones esenciales para las citas, medicamentos y transporte médico especializado. “Algunas citas las mandan con otro médico y no nos han autorizado infectología ni el transporte. Le pedimos a la EPS y a las entidades responsables que nos cumplan”, expresó la madre, afectada por esta grave situación que impacta especialmente a los afiliados a las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud.
La secretaria de Salud del Valle, Dra. María Cristina Lesmes, advirtió que la situación ya está poniendo en riesgo la vida de los pacientes más vulnerables. “Los pacientes con hemofilia, especialmente los niños, están sangrando porque no tienen medicamentos. Los pacientes oncológicos, tanto pediátricos como adultos, tienen sus tratamientos suspendidos. No hay medicamentos ni siquiera para las enfermedades comunes”, señaló.
La crisis golpea con mayor fuerza a pacientes oncológicos, trasplantados y aquellos con enfermedades huérfanas, quienes requieren atención continua y especializada. “No está vacunado, está sin atención, tiene dolores y una gripe que no se le quita. No nos dan respuesta”, aseguró Sheila Mosquera, madre de un menor trasplantado de médula ósea.
A esta problemática se suma una deuda que supera los 4 billones de pesos a los prestadores de salud en el Valle del Cauca. La situación se agrava en Cali, donde cada día llegan pacientes remitidos desde otros departamentos y municipios buscando atención que no reciben en sus territorios.
“La solución a esta situación es el dinero que debe salir ordenado por Presidencia de la República, los Ministerios de Salud y Hacienda. Hoy, la prioridad es la vida de los vallecaucanos y colombianos”, reiteró la secretaria de Salud del departamento.
La Administración Departamental reiteró su llamado al Gobierno Nacional y a la Superintendencia de Salud para que se tomen medidas urgentes que permitan garantizar los derechos fundamentales de los pacientes y evitar que la crisis continúe poniendo más vidas en riesgo.
