Una menor de edad fue brutalmente violada y posteriormente forzada a dar a luz al bebé producto de la agresión sexual, después de que el cabildo indígena al que pertenece le negara categóricamente el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en una decisión que ha conmocionado al país entero.
El escalofriante caso llegó hasta la Corte Constitucional, donde los magistrados se dividieron profundamente en sus opiniones sobre este dramático conflicto entre derechos fundamentales, jurisdicción indígena y protección de menores víctimas de violencia sexual.
La niña, cuya identidad permanece bajo estricta reserva, vivió un calvario doble al ser víctima primero de una violación y luego de una decisión comunitaria que la obligó a llevar a término un embarazo producto del crimen más abyecto, violando múltiples derechos constitucionales básicos.
Este caso extremo expone las tensiones irreconciliables entre la autonomía de las comunidades indígenas y la protección de los derechos fundamentales de menores, especialmente cuando se trata de víctimas de violencia sexual que requieren atención médica especializada y apoyo psicológico.
La historia de esta menor se convierte en un símbolo devastador de cómo las disputas jurídicas y culturales pueden convertirse en tragedias humanas reales, donde una niña inocente pagó el precio más alto de conflictos institucionales que debieron protegerla en lugar de re-victimizarla de manera tan cruel.
