Bogotá, Colombia — El país entra en una fase crítica. Las próximas dos semanas serán decisivas para destapar uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años: el “megacaso Ungrd”. Lo que comenzó como una investigación por contratos irregulares en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), ahora apunta directo al corazón del Gobierno Nacional y al Congreso de la República.
Las explosivas declaraciones de Olmedo López (exdirector de la Ungrd) y Sneyder Pinilla (exsubdirector) han desatado un terremoto político y judicial. Ambos buscan acogerse a un principio de oportunidad con la Fiscalía, entregando información que compromete a altos funcionarios, congresistas, exministros y contratistas. Contratos, votos y millones: el pacto secreto
Según documentos reservados y un acta firmada por Olmedo López el 11 de agosto, todo se remonta a una reunión en el Palacio de Nariño el 4 de diciembre de 2023. Allí, el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chávez, habría ordenado un acuerdo político con miembros de la Comisión Primera del Senado, representados por el congresista Julio Elías Chagüi.
El trato era simple pero explosivo:
“Votos a favor de proyectos clave del Gobierno Nacional a cambio de contratos multimillonarios en la Ungrd.”
El monto del entramado asciende a $35.000 millones. Inicialmente, los contratos serían gestionados a través del Invías, pero finalmente se canalizaron por la Ungrd, con el objetivo de favorecer a congresistas aliados.
Dos exministros, en la mira
La Fiscalía ha puesto bajo investigación a dos exministros de primer nivel:
- Luis Fernando Velasco Chávez (exministro del Interior) → señalado de ordenar, supervisar y coordinar la adjudicación de contratos para asegurar votos legislativos.
- Ricardo Bonilla (exministro de Hacienda y Crédito Público) → acusado de negociar proyectos contractuales de la Ungrd con miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
El propio Bonilla fue citado por la Dijín el 14 de agosto para una diligencia de arraigo y manifestó estar dispuesto a colaborar con la justicia.
Los nombres que retumban en el Congreso
El escándalo ha derivado en 15 procesos judiciales abiertos: 12 en la Fiscalía y 3 en la Corte Suprema de Justicia. Entre los mencionados aparecen pesos pesados del Congreso y aliados del Gobierno:
- Andrés Calle – Presidente de la Cámara de Representantes
- Iván Name – Presidente del Senado
- Wadith Manzur – Congresista, señalado por direccionamiento de contratos
- Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo, Karen Manrique, Elías Chagüi
- Martha Peralta, senadora, quien habría participado en un acuerdo con contratistas privados.
Un caso particularmente delicado involucra a Martha Peralta, quien, según las actas, se reunió el 19 de septiembre de 2023 con Olmedo López y los contratistas Francisco y Jorge Riscal (Inversiones RL SAS). Allí se habría pactado un negocio jurídico para el mantenimiento de jagüeyes mediante el uso de “maquinaria amarilla”, direccionando la contratación a sus aliados.
Audiencias reservadas, presiones y filtraciones
Las audiencias han sido reservadas, pero Sneyder Pinilla solicitó que fueran públicas, argumentando que la magnitud del escándalo exige transparencia total.
Mientras tanto, la Fiscalía advierte que este caso podría derivar en cargos por concierto para delinquir, cohecho, peculado y celebración indebida de contratos, delitos que implican penas de hasta 20 años de prisión.
Lo que viene: un choque institucional
Las próximas dos semanas serán decisivas:
- La Fiscalía definirá si aprueba el principio de oportunidad para Olmedo López y Sneyder Pinilla.
- Podrían emitirse nuevas órdenes de captura contra congresistas y exfuncionarios.
- La Corte Suprema podría abrir instrucción formal contra al menos cinco parlamentarios de peso.
- El Gobierno Nacional enfrenta una crisis política sin precedentes, con posibles rupturas dentro de su propia coalición.
Impacto nacional y riesgo de gobernabilidad
El megacaso Ungrd amenaza con convertirse en el mayor escándalo político de la última década. Las revelaciones golpean al Ejecutivo, fracturan al Congreso y ponen en jaque la credibilidad de las instituciones.
El país está en modo alerta máxima:
- La oposición exige la renuncia de funcionarios clave.
- El oficialismo intenta blindarse y califica el proceso como una “persecución política”.
- La ciudadanía reclama transparencia y castigo ejemplar para los responsables.
