Un juez federal en Florida sentenció a Stefan Correa, ciudadano estadounidense de 46 años, a cadena perpetua por delitos sexuales cometidos contra menores en Colombia. La investigación estableció que Correa viajó al país en al menos 45 ocasiones entre 2022 y 2024.
Las autoridades lo detuvieron el 19 de abril de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Miami. En ese momento intentaba viajar a Medellín. Durante la requisa, le incautaron nueve celulares con cerca de 50 videos de contenido ilegal. También encontraron conversaciones en las que ofrecía dinero y celulares a cambio de encuentros con niñas de entre 11 y 12 años.
Vínculos con redes de explotación
Correa confesó que sus visitas a Colombia tenían como único propósito el abuso de menores. El Departamento de Justicia de Estados Unidos le imputó los delitos de intento de tráfico sexual de menor e intento de viaje con fines sexuales ilícitos. Estos cargos conllevan una pena máxima de cadena perpetua.
La evidencia muestra que buscaba niñas en redes sociales. Además, ofrecía pagos de hasta 300.000 pesos colombianos para acceder a ellas. Los investigadores lo rastreaban desde hacía meses.
Alcalde de Medellín reaccionó
Desde Miami, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la sentencia. Destacó la coordinación con la Policía Nacional, la HSI, el FBI y la Embajada de Estados Unidos. Según el mandatario, la ciudad trabaja activamente para combatir la explotación sexual infantil.
“El mensaje es claro: quienes vengan a abusar de nuestros niños no son bienvenidos. Los vamos a perseguir y capturar”, declaró Gutiérrez tras reunirse con las agencias federales.
Investigación también avanza en Colombia
La Fiscalía en Colombia abrió una investigación paralela por delitos como abuso sexual de menores y pornografía infantil. Las autoridades analizan el material encontrado en los celulares para identificar posibles redes locales de apoyo.
El caso de Correa refuerza los planes de acción contra el turismo sexual infantil. En Medellín, las autoridades priorizan la prevención, la denuncia ciudadana y el desmantelamiento de redes criminales dedicadas a este delito.
