Pie de foto: David Ricaurte Moreno, declarante.
En un capítulo legal con giros inesperados, Ricaurte Moreno, recientemente absuelto de las acusaciones en su contra, asegura estar enfrentando un viacrucis y expresa su desconcierto sobre a quién recurrir para ser escuchado. Aunque las demandas presentadas por entes gubernamentales fueron desestimadas, Ricaurte sostiene que la relevancia de sus reclamos se ve eclipsada por el poder económico e influencia de sus adversarios en la región.
Relato
La crónica se remonta a 1994, tras la muerte de los antepasados y propietarios originales de la residencia actual de don David. Según sus afirmaciones, Yudi Viviana López Suarez aparente familiar de este hombre, se habría hecho pasar por la dueña de la finca ‘El Rodeo’, facilitándole la entrada no solo al inmueble sino también de algún modo otorgando potestad y derechos sobre el mismo al señor José Antenor González Torres, actual director del Instituto Nacional de Concesiones. González Torres, según el testimonio, en aquel entonces se impuso a quienes se oponían, alegando pertenecer al temido cártel de Cali. Se jactaba de poder sobornar a cualquier persona, incluso a las autoridades, amenazando con ordenar asesinatos y poniendo en peligro la vida de David Ricaurte y su familia.
Denuncia
El 12 de septiembre de 2008, el presunto responsable alega que las autoridades, junto con Sandra Godoy Polanía, quien era inspectora en ese momento y actualmente parte de la sección de acompañamiento jurídico de la inspección, desplegaron unidades del ESMAD, el ejército y la policía para intimidar y engañar a la familia de Ricaurte. Posteriormente, instauraron la concesión de la doble calzada en su terreno familiar, despojando a todos los habitantes de la finca ‘El Pedregal’, también propiedad de su familia. Aunque Ricaurte no culpa a la ANI ni a Vía 40, exige justicia por los hechos que ha denunciado durante años sin ver satisfecha su búsqueda de equidad.
Según la fuente, el juzgado primero falló a favor en 1997, y además de esto ha emitido 5 fallos adicionales positivos para el demandante. Ricaurte subraya el nepotismo en su lugar de residencia al relacionar lazos de consanguinidad y amistad de directivos, familiares de la notaría y la registraduría. La alcaldía decidió construir el terminal sin consultar con los dueños del predio, según denuncia este hombre, ‘Nunca pidieron permiso ni acordaron comprar el terreno de ninguna manera’, señala.
Testimonio
El declarante ratifica ´tuve la oportunidad de hablar con un jurídico de Tolemaida del Ministerio de Defensa, quien negó tener jurisdicción sobre el problema de encierro de predios’. David posee el testamento original, escrito en 1981 (escritura 35), y también la escritura del Pedregal (escritura 19), sin embargo subraya que no cesan las demandas que buscan desterrarlo de su propiedad. Celmira Vargas Moreno, prima del denunciante, fue la negociadora con alcaldías, pero según Ricaurte, entrelazó una complicidad entre los responsables de este suplicio. El caso ya está en la procuraduría, fiscalía y contraloría, además de las demandas contra los involucrados.
