El presidente de la Cámara de Comercio de Villavicencio, Henry Palma, lanzó un contundente llamado al gobierno nacional y a los directivos responsables de la infraestructura vial en el departamento del Meta. Palma advirtió que si la ministra de Transporte, el director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el gerente de la Concesión Vías del Meta no se suman a una mesa departamental con los tres voceros de las comunidades de Ocoa, Iracá y Libertad, la entidad que lidera no continuará actuando como mediadora en el conflicto.
“La Cámara de Comercio de Villavicencio no se prestará para charlas interminables con personas que no tengan poder de decisión. Las comunidades y sus voceros han demostrado voluntad para alcanzar una solución, pero si no asisten funcionarios de alto nivel del gobierno, quedará en evidencia que no hay intención real de resolver este conflicto. Con funcionarios de bajo rango, esto sería una pantomima que no estamos dispuestos a validar. Así de claro”, sentenció Palma.
Mediación para el conflicto
Desde que las comunidades de los peajes Puente Amarillo Ocoa, Iracá y La Libertad comenzaron a manifestarse de manera pacífica, la Cámara de Comercio de Villavicencio, bajo la dirección de Palma, ha jugado un papel central como mediador. Los residentes exigen una revisión de las tarifas de los peajes que actualmente impactan negativamente en sus economías locales, solicitando ajustes que no afecten a quienes habitan en las zonas cercanas.
La entidad logró coordinar reuniones preliminares entre los líderes comunitarios, la Defensoría del Pueblo y representantes de las concesiones viales. Sin embargo, dichas reuniones no han producido acuerdos definitivos, lo que llevó a Palma a proponer la instalación de una mesa departamental con participación de altos funcionarios nacionales.
Escalada de tensiones
“La voluntad de las comunidades es clara: quieren una solución definitiva. Por eso, esta mesa no puede limitarse a representantes sin capacidad de decisión. Estamos hablando de un problema que afecta directamente a miles de habitantes del Meta y que requiere acciones inmediatas por parte del gobierno central”, explicó Palma.
El estancamiento en las negociaciones y la percepción de desinterés por parte de las autoridades han aumentado la presión social en los últimos días. Las comunidades, que hasta el momento han optado por protestas pacíficas, insisten en que su único objetivo es garantizar justicia tarifaria y condiciones equitativas para los residentes.
