El 17 de septiembre de 2024, en Líbano y Siria, miles de buscapersonas y walkie-talkies distribuidos por Hezbolá explotaron simultáneamente, causando al menos 37 muertos y casi 3.000 heridos, entre ellos civiles y niños. El ataque, reconocido dos meses después por Israel como una operación propia, dejó escenas de devastación en hospitales y comunidades.
Una de las víctimas es Nayfe, de 29 años, quien trabajaba como supervisora en el hospital Saint George, vinculado a la red médica de Hezbolá. Ese día, su buscapersonas comenzó a sonar insistentemente, pero al intentar leer la pantalla oscura, el dispositivo explotó en su rostro y le destrozó los ojos, las manos y parte del rostro. Desde entonces, usa gafas de sol para ocultar las cicatrices y la ausencia de sus ojos. Ha pasado por múltiples cirugías e injertos, recibe terapia ocupacional y apoyo psicológico, y depende del cuidado de su madre, aunque conserva el sentido del humor y asegura que la fe es lo que le permite seguir adelante.
El ataque no solo alcanzó a combatientes de Hezbolá, sino también a personal médico, miembros de su red social y civiles comunes. Los dispositivos habían sido introducidos al país mediante empresas fantasma y operaciones secretas israelíes iniciadas una década antes. Muchos estallaron en lugares aleatorios, como supermercados, calles y hospitales, lo que generó pánico generalizado.
Israel no ha explicado públicamente la legalidad del ataque ni ha respondido a los señalamientos de que se trataría de un acto de guerra prohibido por el derecho internacional humanitario. Expertos de la ONU y organizaciones como Human Rights Watch han calificado la operación de indiscriminada e ilegal, pues el uso de trampas explosivas no garantiza que los artefactos estén en manos de los objetivos previstos. En la práctica, muchos heridos eran niños o personal sanitario. Por ello, algunos defensores de derechos humanos consideran que los hechos podrían constituir crímenes de guerra.
Inicialmente, el gobierno libanés autorizó que la Corte Penal Internacional (CPI) investigara los ataques y otros posibles crímenes de guerra desde octubre de 2023. Sin embargo, la decisión fue rápidamente revertida, probablemente por presiones políticas internas y el temor a que la CPI también evaluara situaciones delicadas dentro de Líbano.
El impacto sanitario fue enorme. Hospitales de todo el país vivieron escenas caóticas. Médicos pasaron días atendiendo heridos graves; el oftalmólogo Elias Warrak relató que en una sola noche debió extirpar más ojos que en toda su carrera. Según la ONU, unas 500 personas sufrieron lesiones oculares graves.
El ataque ocurrió en el marco del conflicto de baja intensidad entre Israel y Hezbolá tras la ofensiva israelí en Gaza iniciada el 7 de octubre de 2023. Para muchos, las explosiones marcaron una escalada violenta en la guerra, evidenciando la vulnerabilidad de la población civil y la falta de control sobre la seguridad del país.
A pesar de las cicatrices físicas y emocionales, Nayfe mantiene la esperanza. Con estudios en psicología e informática, había logrado estabilizarse laboralmente antes de la tragedia. Hoy dedica sus días a rehabilitación y cirugías, y aunque reconoce lo doloroso de su situación, conserva una sonrisa espontánea y cálida. Su respuesta a cómo logra seguir adelante es clara y breve: “La fe”.
