El precandidato ha realizado tres actos públicos que ha causado el malestar de otros políticos que también compiten por sustituir al actual presidente Iván Duque.
Desde el Pacto Histórico –alianza política de izquierda creada por el precandidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro– detallaron que en Barranquilla, su acto público en la Plaza de la Paz contó con 8.000 asistentes; 5.000 personas acudieron a la Plaza de Lourdes de la capital del país; y aunque no se aclaró la asistencia estimada al Parque Olaya Herrera de Pereira, las imágenes del evento mostraron una multitud de personas presentes.
Esos tres hechos provocaron el malestar de otros candidatos presidenciales que cuestionan la legalidad de los eventos políticos públicos de Petro, que consideran una campaña política abierta. Una de las que lanzó fuertes dardos por esta situación fue María Fernanda Cabal, candidata por el Centro Democrático, quien aseguró que el líder de Colombia Humana va más allá de la ley.
“Hay límites y permisos y Petro no los está cumpliendo. No se pueden realizar eventos de campaña pública hasta que las fechas permitidas sean cuatro meses antes de la elección. Se muere de risa porque sabe que no le va a pasar nada por este tipo de actos”, dijo Cabal.
Desde el Pacto Histórico, el también precandidato, Roy Barreras, se defendió y aseguró que estos son hechos que no violan la norma electoral porque no están haciendo campaña y aseguró que las voces de protesta son de personas que, según él, no pueden. llenar plazas públicas.
“La Constitución garantiza el derecho a movilizarse y reunirse, y si se anuncia que será en un lugar, los ciudadanos pueden reunirse allí. La crítica a nuestros eventos demuestra la incapacidad de otros para convocar a miles de personas. Por ejemplo, la Coalición de la Esperanza convocó una reunión escuálida en Bogotá (en la plaza del Rosario) que terminó con unas fotos tristes de una plaza vacía”, dijo Barrera.
Ante estas críticas, Jorge Enrique Robledo, quien forma parte de la Coalición de la Esperanza, respondió que sus eventos no pretenden ser masivos ni tener plataformas para dar discursos, y aseguró que desde el Pacto Histórico «continúan el constante descrédito» de los competidores como estrategia electoral.
Para el abogado y asesor electoral Alfonso Portela, si en el escenario público no hay un discurso de alguien como candidato que lo invite a votar por él, no se podría vincular como acto de campaña. «Si los candidatos son promovidos y se le dice a la gente que vote por él, estaríamos enfrentando una campaña extemporánea y gastos de publicidad prohibidos», dijo.
En esta línea, el profesor de la Facultad de Derecho de Eafit, Edier Esteban Manco Pineda, agregó que hay otras comunidades que también están realizando actividades que corresponden a las precandidaturas, como la Alianza Verde que contrató encuestas para definir a su candidato, o el Centro Democrático que realiza foros políticos.
Actualmente, el magistrado Jorge Enrique Rozo está estudiando en profundidad este debate en el período preelectoral y será quien presentará el proyecto de fallo con el que el CNE aclarará las bases de la campaña, entre las que se hablará de gastos y Financiamiento (ver paréntesis) de este tipo de eventos.
