La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, advirtió que quienes provoquen incendios forestales en el departamento podrían enfrentar severas sanciones penales y económicas. En medio de la emergencia que afecta a diferentes municipios, las autoridades investigan un caso ocurrido en Armero Guayabal y anunciaron que aplicarán todo el rigor de la ley contra quienes generen conflagraciones de manera deliberada o mediante conductas sancionables.
La emergencia por incendios forestales que atraviesa el Tolima llevó a las autoridades departamentales a endurecer el llamado a la prevención y a advertir sobre las consecuencias legales que pueden enfrentar quienes originen quemas que terminen convirtiéndose en incendios.
La gobernadora Adriana Magali Matiz, junto con la directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), Olga Lucía Alfonso Iannini, lanzó una contundente advertencia frente a las denominadas quemas controladas, especialmente en un momento en el que las condiciones ambientales favorecen la rápida propagación del fuego.
Según lo señalado por la mandataria, las autoridades han detectado situaciones en las que personas estarían realizando este tipo de prácticas pese al escenario de emergencia. Ante estos casos, explicó que las evidencias recopiladas fueron entregadas a Cortolima para que se adelanten las respectivas visitas y procedimientos.
“Eso es algo inaudito que esté pasando en estos momentos en el departamento”, manifestó la gobernadora al referirse a estas conductas.
Uno de los casos que se encuentra bajo investigación corresponde a Armero Guayabal, municipio incluido entre los territorios que han enfrentado afectaciones por incendios.
La investigación deberá establecer las circunstancias en las que se originó la conflagración y determinar si existieron acciones humanas que pudieran derivar en responsabilidades administrativas o penales.
En este punto resulta importante diferenciar entre un incendio provocado intencionalmente, una conducta negligente y una emergencia cuyo origen sea natural. Las autoridades deberán recopilar pruebas y determinar las responsabilidades correspondientes antes de atribuir un delito a una persona específica.
Cortolima cuenta además con herramientas de planificación y prevención para atender el riesgo de incendios forestales en municipios del departamento, incluido Armero Guayabal.
La gobernadora recordó el artículo 350 del Código Penal colombiano, que establece sanciones para el delito de incendio.
La norma contempla, dependiendo de las circunstancias, penas de prisión que pueden incrementarse cuando el fuego afecta determinados bienes o lugares. En particular, el artículo establece una pena de 32 a 180 meses de prisión cuando la conducta se realiza sobre un inmueble o determinados bienes de interés público o utilidad social. Además, la pena puede aumentar hasta en la mitad cuando el incendio afecta, entre otros escenarios, un establecimiento agrícola, un inmueble público o un bosque, recurso florístico o área de especial importancia ecológica.
Esto permite entender por qué las autoridades hablan de penas que pueden superar los 20 años en determinados escenarios agravados. No obstante, la pena concreta depende de las circunstancias demostradas en cada proceso judicial y de la calificación jurídica que realicen la Fiscalía y los jueces.
La legislación también contempla multas que pueden ser considerables, dependiendo de la modalidad y circunstancias del delito.
La advertencia de la Gobernación se produce en medio de una temporada especialmente compleja para el departamento. Reportes recientes señalan que más de 30 incendios forestales han afectado al Tolima, con miles de hectáreas impactadas y varios focos que permanecían activos. También se han reportado afectaciones sobre cultivos, vegetación y actividades ganaderas.
La situación ha obligado a desplegar cuerpos de bomberos, organismos de gestión del riesgo y diferentes entidades para contener las llamas.
En este contexto, una quema que inicialmente pueda parecer controlada puede convertirse rápidamente en una emergencia de grandes proporciones, especialmente cuando existen condiciones de sequedad, altas temperaturas y vientos.
El llamado de la Gobernación y Cortolima es especialmente dirigido a las comunidades rurales y productores que acostumbran utilizar el fuego como herramienta para preparar terrenos.
La recomendación es no realizar quemas, particularmente mientras persistan las condiciones que favorecen la propagación de incendios.
Además del riesgo ambiental, una quema que se salga de control puede poner en peligro viviendas, animales, cultivos, infraestructura y, principalmente, la vida de las personas que habitan en las zonas rurales.
Por eso, las autoridades insistieron en que no se trata únicamente de una recomendación ambiental, sino de una situación que puede tener consecuencias jurídicas cuando una conducta termina provocando un incendio y genera peligro o daños.
La Gobernación del Tolima busca que el mensaje llegue a todos los municipios: provocar un incendio forestal puede convertirse en un asunto penal con consecuencias graves.
Mientras avanzan las investigaciones, entre ellas la relacionada con un caso en Armero Guayabal, las autoridades continuarán recopilando pruebas y realizando visitas técnicas para establecer el origen de las conflagraciones.
La emergencia también plantea un desafío para la ciudadanía. Evitar fogatas, quemas de residuos, prácticas agrícolas con fuego y cualquier actividad que pueda generar una chispa es fundamental para reducir el riesgo.
El llamado de las autoridades es claro: en medio de una temporada de incendios forestales, una acción aparentemente pequeña puede desencadenar una tragedia ambiental y social de grandes dimensiones.
