La Universidad de Harvard encendió las alarmas al presentar una contundente demanda contra el gobierno del expresidente Donald Trump. La acción legal responde a la congelación de 2.200 millones de dólares en fondos federales, medida impuesta luego de que la institución se negara a aceptar condiciones gubernamentales para combatir lo que el ejecutivo considera prácticas antisemitas y restricciones a los programas de diversidad e inclusión. Harvard demanda a Trump: el choque entre política y autonomía.
«Ningún gobierno debe dictar a las universidades privadas qué enseñar, a quién admitir o qué investigar», afirma la querella, que advierte que esta presión política representa una amenaza directa a la independencia académica.
Pero Harvard no está sola. Más de 100 universidades y centros educativos firmaron una carta conjunta denunciando una “interferencia política sin precedentes” que, aseguran, pone en riesgo la esencia de la educación superior estadounidense.
El trasfondo: fondos congelados y acusaciones de antisemitismo: Harvard demanda a Trump: el choque entre política y autonomía
La ofensiva de la administración Trump se centró en instituciones de élite como Harvard, Columbia, Cornell y Brown. El argumento oficial: las universidades han fallado en proteger a estudiantes judíos en medio de protestas pro-palestinas. En consecuencia, el gobierno federal congeló miles de millones en subsidios para investigación médica, tecnológica y científica.
Entre las demandas impuestas por la Casa Blanca estaban auditorías externas al plan de estudios, la denuncia de estudiantes “hostiles a los valores estadounidenses” y garantías de diversidad ideológica en cada departamento. La negativa de Harvard a aceptar estas condiciones desató la actual batalla legal.
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El presidente de la universidad, Alan Garber, advirtió que estos recortes afectan investigaciones vitales sobre Alzheimer, Parkinson y cáncer pediátrico. “Las consecuencias serán graves y duraderas”, expresó.
Universidades en pie de lucha: ¿peligra la autonomía académica?
El conflicto ha escalado al punto de que la administración Trump también amenaza con eliminar la exención fiscal de Harvard y suspender los visados de sus estudiantes internacionales, que constituyen el 25% de su matrícula.
Barack Obama, exalumno de Harvard, manifestó su respaldo a la universidad, calificando los actos del gobierno como “ilegales”. Mientras tanto, el Congreso republicano ha iniciado una investigación sobre posibles violaciones a la ley de derechos civiles.
“Estamos abiertos a reformas constructivas, pero rechazamos el uso coercitivo de fondos públicos para imponer control político”, concluye la carta firmada por más de 100 instituciones educativas.
El futuro de la educación superior en Estados Unidos podría estar en juego.
