La Fiscalía General de la Nación, junto con la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército, encontró una fosa común con los cuerpos de ocho líderes sociales y religiosos en la zona rural de Calamar, Guaviare, lo que ha conmocionado a Colombia y puesto en evidencia la crítica situación de seguridad en el sur del país. Tras recibir denuncias de desaparición por parte de familiares, activaron mecanismos de búsqueda urgente en abril y recuperaron los cuerpos de Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón.
Las investigaciones indican que integrantes del frente Armando Ríos, una estructura de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, citaron a las víctimas entre el 4 y el 6 de abril. Ellos querían interrogarlas sobre la posible creación de una célula del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región, lo que generó tensiones y sospechas entre los grupos armados ilegales que se disputan el control territorial.
Las autoridades afirman que alias “Iván Mordisco” ordenó el crimen desde su círculo de confianza para evitar la expansión del ELN en el Guaviare, una zona estratégica para el narcotráfico y otras economías ilícitas. Los victimarios llevaron a las ocho personas a un predio abandonado, las asesinaron y las enterraron en la fosa común. La operación de búsqueda contó con el apoyo de organismos humanitarios, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que también liberó a otros secuestrados en la zona.
La comunidad y organizaciones defensoras de derechos humanos rechazaron la masacre, calificándola como un reflejo de la creciente violencia en las zonas rurales bajo control de actores armados ilegales. La Gobernación de Guaviare ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información sobre el paradero de los desaparecidos, y las autoridades locales convocaron consejos de seguridad para enfrentar la crisis.
El hallazgo ocurre en un contexto de disputa entre facciones disidentes de las Farc y la posible llegada del ELN al Guaviare, lo que recrudece los enfrentamientos y deja a miles de personas confinadas o desplazadas. La situación evidencia la fragilidad de la paz en Colombia y la urgente necesidad de que el Estado fortalezca su presencia y proteja a los líderes sociales en las regiones más afectadas por el conflicto armado.
