La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas por las condiciones críticas en las que se encuentran las personas privadas de la libertad (PPL) en la URI Permanente Central de Ibagué. En una visita oficial al centro de detención y a la Estación de Policía contigua, el ente de control detectó un hacinamiento del 310 %, graves fallas estructurales y deficiencias en la atención médica, lo cual vulnera de forma evidente los derechos fundamentales de los internos.
Durante el recorrido, los funcionarios del Ministerio Público evidenciaron deterioro en las celdas, demoras en la entrega de alimentos, baterías sanitarias en mal estado y ausencia de personal médico. Esta situación, según el informe entregado, pone en riesgo no solo la dignidad de los detenidos, sino también su salud e integridad personal.
Ante este preocupante panorama, la Procuraduría emitió requerimientos formales dirigidos a la Alcaldía de Ibagué, sus entidades descentralizadas, la Gobernación del Tolima, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y demás autoridades responsables.
Asimismo, el organismo solicitó la asignación inmediata de personal médico, el fortalecimiento de la atención en salud, incluyendo traslados a centros asistenciales, entrega de medicamentos y gestión de tratamientos. También se pidió la reparación urgente de infraestructura deteriorada, como baños, celdas y el techo de la sala de audiencias, así como el restablecimiento de canales de comunicación con los familiares, aunque sea de manera virtual.
“La Provincial de Instrucción de Ibagué advirtió que el incumplimiento de estos requerimientos y de las decisiones judiciales vigentes constituye una falta disciplinaria”, se indica en el comunicado oficial. La Procuraduría concluyó que las autoridades deben tomar medidas inmediatas y efectivas para garantizar condiciones mínimas de reclusión, respetando la dignidad humana de quienes permanecen bajo custodia del Estado.
