La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el exalcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, por presuntamente no garantizar recursos esenciales para el funcionamiento de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y la Estación de Policía La Permanente Central durante tres años consecutivos. Según el organismo de control, esta omisión habría puesto en riesgo los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
De acuerdo con el pliego, durante los años 2021, 2022 y 2023, la administración de Hurtado no habría incluido en el presupuesto municipal las partidas necesarias para cubrir gastos básicos en estos centros de detención transitorios. Entre las necesidades desatendidas se encuentran la reparación de infraestructura, la adecuación de espacios para visitas conyugales y atención en salud, la compra de elementos de aseo e higiene, así como la cobertura de remisiones y servicios complementarios. La falta de recursos habría provocado condiciones precarias para los detenidos, vulnerando su dignidad y derechos fundamentales.
Para la Procuraduría, los hechos descritos constituyen una falta grave cometida con culpa grave, al desconocer deberes legales específicos que obligan a los mandatarios locales a garantizar condiciones mínimas de bienestar para los privados de la libertad. En el expediente se destaca que la omisión del exalcalde representa un incumplimiento de sus funciones como ordenador del gasto y como garante de los derechos humanos.
El ente de control también señaló que los centros de detención transitorios deben contar con atención permanente, lo que exige una planeación presupuestal adecuada. En este caso, la ausencia de dicha planeación habría sido reiterativa durante todo el mandato de Hurtado.
El proceso contra Hurtado hace parte de una serie de investigaciones adelantadas por la Procuraduría contra otros exmandatarios del país. En la misma decisión, fueron imputados el exgobernador del Amazonas, Jesús Galdino Cedeño, y los exalcaldes de Leticia, Jorge Luis Mendoza Muñoz, y de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, por hechos similares relacionados con la omisión de recursos para centros de detención.
El organismo de control concluyó que, en todos estos casos, se habría desconocido el respeto y la garantía de los derechos de personas que, por su condición de privación de la libertad, deben ser objeto de especial protección estatal.
