Qué decidió Petro
- Petro anunció durante un consejo de ministros que ha ordenado que se realice un examen forense de informática a los chats y dispositivos electrónicos incautados a Calarcá.
- El análisis forense deberá ser realizado por la Fiscalía General de la Nación (no por la Fiscalía de Antioquia, que había recibido los archivos inicialmente).
- Petro dejó claro que tomará decisiones —que podrían implicar sanciones o suspensiones de funcionarios públicos — solo después de conocer los resultados del examen forense.
Qué se investiga
- La decisión responde a un informe periodístico (publicado por Noticias Caracol) que señala presuntos vínculos entre las disidencias de Calarcá y altos funcionarios del Estado: militares del Ejército Nacional y agentes de inteligencia.
- Entre los señalados figuran el general Juan Miguel Huertas (Comando de Personal del Ejército) y un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quienes supuestamente facilitaron información u otros favores logísticos a la estructura de Calarcá.
- El material que contiene las supuestas comunicaciones — correos, chats, memorias USB y teléfonos — fue incautado en julio de 2024 durante un operativo en un retén militar en Anorí (Antioquia).
Qué busca con ese examen forense
- Verificar formalmente que los chats y archivos no fueron manipulados o alterados: es decir, confirmar su autenticidad.
- Establecer — con aval técnico y jurídico — si existe evidencia real de filtraciones o nexos entre disidencias de FARC-EP y miembros de las Fuerzas Armadas/organismos de inteligencia.
- Evitar decisiones apresuradas hasta tener claridad: Petro dijo que la verdad debe primar antes de actuar, lo que implica que cualquier sanción, remoción o investigación oficial dependerá del resultado del análisis.
Contexto e implicaciones
Pero si los chats resultan manipulados, cambiados o falsos — como ha sugerido el propio presidente — sería un serio golpe para quienes divulgaron la información, y se abriría un debate sobre desinformación, intereses políticos y veracidad de fuentes periodísticas.
El anuncio ocurre en medio de una crisis por denuncias de infiltración de disidencias en instituciones del Estado — un escándalo que pone en entredicho la credibilidad y seguridad del aparato estatal.
Si se confirma autenticidad, podría haber graves consecuencias judiciales y de seguridad: caería el cuestionamiento no solo a los implicados, sino también al modelo de inteligencia y control de información del Estado.
