Mal manejo por parte del presidente Gustavo Petro en las manifestaciones del Caguán lo tienen en la mira de los medios de comunicación.
Más de veinte días llevaban los campesinos protestando en el departamento del Caquetá tratando de que la empresa Emerald Energy respondiera a sus peticiones, sin embargo, el día 2 de marzo se desataron enfrentamientos con la policía debido a que se incendiaron dos contenedores pertenecientes a los trabajadores por lo cual tuvieron que intervenir.
El caos se apoderó de una manifestación que hasta el momento había sido pacífica; como saldo, dos muertos.
Además de ello, se informó que alrededor de 79 policías fueron retenidos por los campesinos que marchaban.
Por otra parte, los ministros Iván Velásquez y Alfonso Prada serán investigados por la Procuraduría debido a su forma de actuar ante el llamado y/o solicitud de refuerzos puesto que en la manifestación había alrededor de 7.000 personas según el presidente Gustavo Petro.
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Sin embargo, en un principio el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se negaba a aceptar que los uniformados se encontraban secuestrados más no retenidos y en sus primeras declaraciones llamó al secuestro; cerco humanitario, palabras que a más de una persona no agradó, pues, lastimosamente el Subintendente Monroy fue asesinado de una manera cruel.
Ahora, el ejército tenía instrucciones de no intervenir en la manifestación, ¿quién dio la orden?
El 7 de marzo, el presidente Gustavo Petro indicó a través de su cuenta de Twitter que él era el responsable de dicha orden por la que el subintendente Monroy había fallecido.
Pues bien, esta decisión fue tomada gracias al estatus que le permite dirigirse como máximo comandante de las Fuerzas Militares, entendiéndose así como la potestad de ordenar qué hacer a los militares.
Lo que más ha indignado a los ciudadanos, es el hecho de no haber reaccionado y tratar de salvaguardar la vida de Monroy justificándolo como si hubiese sido mejor perder una o dos vidas que diez por enfrentamientos con el ejército.
Por ahora y a raíz de los hechos ocurridos, la empresa Emerald Energy solicitó a la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos), la cancelación del contrato en San Vicente del Caguán.
Se espera que la investigación contra los ministros sea efectiva para que las sanciones correspondientes sean aplicadas.
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