Los gobiernos de Guatemala y Colombia rechazaron públicamente las órdenes de captura emitidas por la Fiscalía guatemalteca contra el embajador colombiano Iván Velásquez Gómez, excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo.
A través de un comunicado difundido en la red social X, el Gobierno guatemalteco calificó las órdenes como carentes de sustento legal y aseguró que ambas naciones mantienen comunicación para esclarecer el caso. La Cancillería colombiana, por su parte, consideró la medida “un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional” y activó los canales diplomáticos correspondientes.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, solicitó las detenciones por supuestos delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión, en el marco de una investigación vinculada al escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. Según Curruchiche, se emitió una alerta internacional a Interpol para facilitar la captura de los señalados.
Velásquez, actual embajador de Colombia ante el Vaticano y exministro de Defensa, respondió en X, tildando de “corruptos” a la fiscal general guatemalteca Consuelo Porras y al propio Curruchiche, ambos sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea. Expresó además su solidaridad con los exfuncionarios y ciudadanos guatemaltecos forzados al exilio.
El caso también involucra a la fiscal Luz Adriana Camargo y al exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, quien denunció en redes sociales irregularidades en el proceso judicial.
La CICIG, creada en 2007 mediante un acuerdo entre la ONU y Guatemala para combatir la impunidad, fue cerrada en 2019 por el expresidente Jimmy Morales, quien la acusó de actuar fuera del marco legal.
En respuesta al rechazo de ambos gobiernos, el Ministerio Público de Guatemala defendió la legalidad de sus acciones, asegurando que cuentan con el respaldo de un órgano judicial competente y desestimó las críticas como intentos de obstruir investigaciones que afectarían intereses particulares.
