António Guterres, Secretario de la ONU, le advirtió a Guatemala que Luz Adriana Camargo, Fiscal de Colombia e Iván Velásquez, embajador de Colombia en el Vaticano, que tienen inmunidad tras emitirse una orden de captura.
«Gozan de inmunidad en lo relativo a su papel en la Comisión Internacional Contra la Impunidad de este país (Cicig)»
Stéphane Dujarric, en rueda de prensa el portavoz de Guterres, explicó que «el personal internacional de la Comisión, en virtud del acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, goza de inmunidad»
Sin embargo expresó preocupación por las numerosas denuncias y que apuntan a que se está persiguiendo penalmente a estos funcionarios.
«Ellos pretendían arrojar luz sobre los casos de corrupción y trabajar para fortalecer el Estado de derecho y el sistema de justicia de Guatemala».
Por qué Guatemala pidió extradición de funcionarios colombianos
Un tribunal de Guatemala ordenó este lunes el arresto de la fiscal general de Colombia y de un exministro de ese país, informó la cuestionada fiscalía al acusarlos de supuesta corrupción a favor de la empresa brasileña Odebrecht.
La orden de detención se expide contra la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa Iván Velásquez, ambos exmiembros de la comisión antimafias de la ONU en Guatemala.
El fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, afirmó que Velásquez «favoreció a los empresarios de la constructora Odebrecht y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 3.000 millones de quetzales (unos 400 millones de dólares)».
Curruchiche, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por «corrupto», afirmó que los dos colombianos incurrieron en «delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión».
Velásquez fue jefe de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de 2013 a 2019, mientras que Camargo fue jefa de investigación y litigio de esa entidad entre 2014 y 2017.
La Cicig fue creada en 2007 para desmantelar estructuras criminales incrustadas en el Estado guatemalteco y fue cancelada unilateralmente por el entonces presidente derechista guatemalteco Jimmy Morales en 2019.
Estas acusaciones se suman a otras causas judiciales contra exfuncionarios de Cicig y contra fiscales guatemaltecos que trataron de investigar actuaciones de la fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras.
Estados Unidos y la Unión Unión Europea mantienen sus sanciones a Porras y Curruchiche por «corruptos» y «antidemocráticos».
Reacción de Iván Velasquéz y Adriana Camargo:
La Fiscal en rueda de prensa aclaró que todo se basa en interpretaciones descontextualizadas de su labor en ese proceso y que todo es una «retaliación» por su trabajo en la investigación por la presunta financiación irregular de la multinacional Odebrecht.
«La orden solo tiene efectos dentro del territorio guatemalteco y no tiene validez internacional»
Agregó «Mi defensa es un tema complejo, existen pocas garantías en ese país para ejercerla. Varios abogados han sido capturados por defender a quienes hicieron parte de procesos anticorrupción»
Por su parte el exministro de Defensa y ahora Embajador en el Vaticano expresó quie todo obedece a una persecuusión política.
Valásquez, próximo a asumir como embajador en el Vaticano, criticó en su cuenta de X la acusación de Curruchiche y expresó su «solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio»
La Cancilleria en cabeza de Laura Sarabia rechazó las órdenes de captura y salió en defensa de los funciobnarios.
«Esta medida no solo representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional, sino que también vulnera derechos humanos fundamentales»
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