Integrantes de la Cumbre Nacional Popular, que incluye a miembros del movimiento Congreso de los Pueblos, realizaron una toma de las instalaciones de varias entidades del Gobierno Nacional en el centro de Bogotá este martes. El grupo de manifestantes, que según las autoridades superaría las 2.000 personas, llegó a la capital desde diferentes regiones del país y se encuentra actualmente alojado en la Universidad Nacional.
La protesta implicó el bloqueo de la entrada y salida de edificios cruciales para la administración. Entre las entidades afectadas se encuentran el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Además, los manifestantes también bloquearon el acceso al Centro Comercial San Martín, donde se ubican oficinas del Ministerio de Agricultura y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Gobierno pide levantar la toma de ministerios
Ante la escalada de la protesta, el Gobierno Nacional respondió a través del viceministro del Diálogo del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón. El funcionario se pronunció públicamente para solicitar el desbloqueo de las instalaciones y entidades afectadas como condición para iniciar cualquier negociación.
“Le solicitamos a las personas del Congreso de los Pueblos, desbloquear los ministerios y entidades que tienen en este momento tomados. Luego de ellos y con una agenda clara nos sentamos a dialogar”, declaró Rondón.
El viceministro hizo un llamado a la sensatez, defendiendo la postura del Ejecutivo frente a la protesta social. «El Gobierno del Cambio liderado por el presidente Gustavo Petro, ha dado todas las garantías para el diálogo y concertación. No hay excusa para la toma masiva de ministerios por la fuerza… Los derechos se exigen respetando el de los demás”, agregó Rondón.
La situación ha generado perturbaciones en la actividad normal de la administración central en Bogotá y pone de relieve las tensiones entre las bases sociales y el Ejecutivo, forzando a las autoridades a buscar un mecanismo de diálogo que permita restablecer el funcionamiento de las dependencias gubernamentales.