Apenas un mes después del deslizamiento que cobró la vida de 27 personas en la vereda Granizal, municipio de Bello, grupos ilegales han comenzado a lotear de manera clandestina los terrenos afectados por la tragedia. Así lo confirmó la Alcaldía de Bello, que este martes detectó nuevas demarcaciones realizadas con polines, estacas y mallas en predios que fueron evacuados tras la emergencia.
Funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Gestión del Riesgo, acompañados por personal de la Policía y el Ejército, realizaron una inspección de campo en la zona cero del desastre. En el terreno, aún cubierto por escombros y tierra inestable, se encontraron marcas recientes de subdivisiones ilegales. Estas prácticas, que apuntan a la venta informal de lotes a pobladores vulnerables, reactivan el ciclo de riesgo y marginalidad que ha caracterizado a Granizal durante décadas.
Las autoridades locales sostienen que los responsables de esta ocupación ilegal hacen parte de redes que han operado históricamente en la zona: estructuras criminales que se lucran del desplazamiento forzado, la pobreza y la falta de presencia efectiva del Estado. Según fuentes de la administración municipal, estas mafias ofrecen terrenos en zonas no aptas para la vivienda, muchas veces respaldados por amenazas, falsos títulos de propiedad o documentos sin validez legal.
La tragedia ocurrida entre la noche del 23 y la madrugada del 24 de junio no fue un hecho aislado ni fortuito. Un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Antioquia, con el respaldo de World Weather Attribution, determinó que la emergencia fue el resultado de lluvias extremas —de entre 60 y 70 milímetros en pocas horas— sobre un terreno con antecedentes de remociones en masa. El fenómeno se produjo sobre una ladera intervenida desde hace más de 20 años, donde el asentamiento informal ha crecido sin control, al margen de la planificación urbana y en total ausencia de servicios básicos.
Granizal ha sido durante décadas un territorio de nadie. En él conviven cerca de 35 mil personas, en su mayoría víctimas del conflicto armado y migrantes venezolanos, que han encontrado en la informalidad la única posibilidad de acceso a un techo. La zona se convirtió en el segundo asentamiento más grande del país después de Ciudad Bolívar en Bogotá, y ha estado en la mira de múltiples alertas por parte del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagran) y organismos internacionales.
A pesar de que tras el deslizamiento se declaró la zona como de “alto riesgo no mitigable”, lo cual prohíbe cualquier tipo de construcción o permanencia humana, la respuesta institucional ha sido insuficiente. Las medidas de vigilancia y control se han limitado a visitas esporádicas, mientras que las familias evacuadas siguen esperando soluciones definitivas de reubicación. En ese vacío han vuelto a operar quienes ven en la tragedia una oportunidad para el negocio.
La Alcaldía de Bello anunció nuevos operativos y medidas legales para frenar esta práctica, pero reconoció que no cuenta con los recursos ni el pie de fuerza necesarios para ejercer una vigilancia permanente en la zona. El llamado a la ciudadanía es enfático: no adquirir terrenos en Granizal bajo ninguna circunstancia, pues además del riesgo físico, podrían incurrir en delitos por ocupación de hecho en zonas protegidas.
Este caso deja en evidencia una problemática estructural: el cruce entre pobreza, ocupación ilegal del suelo y criminalidad en las periferias urbanas. Granizal es apenas un ejemplo visible de una realidad replicada en otras comunas y veredas de Antioquia y del país, donde la falta de vivienda digna termina empujando a miles de personas a construir sus hogares sobre una tragedia anunciada.