La situación humanitaria en Buenaventura, Valle del Cauca, continúa deteriorándose debido al avance del conflicto urbano protagonizado por organizaciones armadas ilegales. En los últimos días, líderes comunitarios han denunciado un nuevo brote de desplazamientos forzados en la Comuna 12, específicamente en el barrio Ciudadela San Antonio.
De acuerdo con testimonios recogidos por voceros de la comunidad, bandas como Los Chotas, Los Espartanos y Los Chiquillos estarían detrás de la ocupación sistemática de viviendas abandonadas, utilizadas como trincheras, puntos de control o refugios para actividades delictivas.
La presencia de estos grupos ha generado temor generalizado en la zona. Muchas familias, al sentirse amenazadas, han decidido huir de sus casas sin llevarse siquiera sus pertenencias. Algunas viviendas han sido forzadas o marcadas, y sus ocupantes originales no han regresado por miedo a represalias.
Este fenómeno no es aislado. En el vecino barrio Carlos Holmes Trujillo, también perteneciente a la Comuna 12, se han documentado al menos 52 casos de ocupaciones ilegales similares. En algunos sectores, el control territorial de estas bandas ha restringido incluso la movilidad de los habitantes.
“Ya ni los niños pueden salir a jugar tranquilos. Hay cuadras completas donde no se puede entrar ni salir sin permiso de estos muchachos armados”, relató una madre de familia que prefirió mantener su nombre en el anonimato por temor a represalias.
La Defensoría del Pueblo ha sido alertada sobre esta situación, así como la Alcaldía Distrital de Buenaventura. Sin embargo, los habitantes aseguran que la respuesta institucional ha sido lenta o insuficiente para contener la expansión del control armado.
A este panorama se suma el impacto psicológico y económico que deja el desplazamiento forzado. Muchas de las familias afectadas han buscado refugio en casas de allegados, iglesias o incluso en calles del casco urbano, sin acceso a ayudas humanitarias estables.
“Es muy doloroso tener que dejar tu casa porque alguien llega armado y te dice que te vayas. Esto no puede seguir pasando como si fuera normal”, manifestó un líder del sector, quien viene acompañando a varias familias desplazadas.
La ocupación violenta de viviendas no solo afecta la seguridad ciudadana, sino que también fortalece las redes criminales que se alimentan del control del territorio para el tráfico de armas, drogas o personas. Según las autoridades, estas bandas suelen reclutar menores y usar casas tomadas como centros logísticos.
Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional para que se tomen acciones concretas y sostenidas en Buenaventura, más allá de operativos policiales puntuales que no logran erradicar el problema de fondo.
Desde el Consejo Distrital se estudia la posibilidad de declarar una emergencia humanitaria, lo cual permitiría destinar recursos adicionales para la atención de la población desplazada y establecer mecanismos de protección más efectivos en las zonas afectadas.
Mientras tanto, las comunidades siguen esperando soluciones de fondo que frenen el accionar de estas estructuras ilegales. “No pedimos lujos, solo vivir en paz”, concluyó una mujer desplazada que ahora habita en condiciones precarias con sus tres hijos en casa de un familiar.
