Seis congresistas demócratas de Estados Unidos, todos con experiencia previa en las Fuerzas Armadas o en los servicios de inteligencia, publicaron un video en la red social X en el que afirman que la administración de Donald Trump está colocando a los militares y a los agentes de inteligencia en una posición de confrontación contra los propios ciudadanos estadounidenses. En este mensaje advierten que las amenazas a la Constitución no provienen únicamente de actores externos, sino también desde dentro del país. Entre los firmantes destacan figuras como el senador Mark Kelly, exmilitar y astronauta, y la senadora Elissa Slotkin, quien trabajó para la CIA en Irak.
En el video, los legisladores sostienen que quienes sirven en las fuerzas armadas y en las agencias de inteligencia tienen el derecho —e incluso el deber— de desobedecer órdenes que consideren ilegales. Esta afirmación generó una respuesta inmediata de la Casa Blanca, que calificó el pronunciamiento demócrata como un llamado irresponsable a la insubordinación. Stephen Miller, subjefe de gabinete, acusó públicamente al Partido Demócrata de estar “peligrosamente radicalizado” y de alentar un acto de rebelión contra el comandante en jefe.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también reaccionó criticando a los legisladores demócratas. Aseguró que padecen “síndrome de trastorno por Trump”, una expresión usada frecuentemente en círculos republicanos para ridiculizar a los opositores que critican al expresidente.
Los legisladores demócratas no especificaron a qué órdenes concretas se referían, pero el debate surge en un contexto en el que Trump ha sido altamente cuestionado desde su regreso a la presidencia en enero. Sus decisiones relacionadas con el uso de las fuerzas militares han provocado polémica tanto a nivel interno como internacional.
Dentro del país, Trump ordenó el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en varias ciudades gobernadas por demócratas, justificando la medida como necesaria para contener disturbios que él considera generalizados. Fuera de Estados Unidos, autorizó operaciones militares contra presuntos traficantes de drogas en el Caribe y el Pacífico oriental. Según expertos y organizaciones humanitarias, estas acciones han dejado más de 80 muertos y podrían ser consideradas ilegales, incluso equiparándose a ejecuciones extrajudiciales.
La controversia se suma a la creciente tensión política y social en Estados Unidos, donde las decisiones militares del gobierno y las acusaciones de excesos de poder están profundizando la división entre demócratas y republicanos.
