La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre la delicada situación administrativa y financiera de la Nueva EPS, tras un operativo de policía judicial realizado en julio de 2025. La entidad recopiló más de 4.500 archivos de carácter técnico, jurídico, administrativo y financiero correspondientes a los periodos 2022, 2023, 2024 y el primer semestre de 2025, lo que permitió identificar graves irregularidades.
El informe preliminar reveló que los anticipos sin legalizar crecieron de $3,4 billones en 2023 a $15,27 billones en junio de 2025, de los cuales $143.000 millones superan los dos años sin legalización. Además, se encontraron más de 22,7 millones de facturas represadas por $22,1 billones, de las cuales cerca de 9,1 millones resultaron duplicadas. El 97% de estas aún no ha sido auditado.
Otro de los hallazgos muestra que solo 36 prestadores concentran el 40% de las facturas pendientes, equivalentes a $5,2 billones. La EPS tampoco entregó contratos completos que acrediten requisitos legales, y a marzo de 2025 acumulaba cuentas por pagar por $21,37 billones.
La Contraloría advirtió también que las reservas técnicas fueron subestimadas en $11,1 billones a diciembre de 2024, lo que compromete la sostenibilidad financiera y la atención de cerca del 22% de los afiliados al sistema de salud.
Pese a la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, la crisis de la Nueva EPS refleja un deterioro progresivo que, según el ente de control, pone en riesgo la prestación de servicios médicos.
El caso será remitido a la delegada para el Sector Salud de la Contraloría, que evaluará la posible apertura de procesos de responsabilidad fiscal.
