Una grave crisis carcelaria fue denunciada por el personero de Cali, Gerardo Mendoza, quien evidenció el nivel extremo de hacinamiento que se vive en la estación de Policía del barrio El Caney, en el sur de la ciudad. Según el funcionario, en el lugar hay actualmente 111 mujeres privadas de la libertad, a pesar de que el espacio fue diseñado para albergar únicamente a nueve personas.
La denuncia fue acompañada por impactantes videos grabados por las mismas reclusas, en los que se observa la sobrepoblación, la falta de espacio para dormir o moverse, y las precarias condiciones de salubridad que enfrentan a diario.
De acuerdo con Mendoza, el nivel de hacinamiento es tan alto que ni siquiera se pueden ingresar productos básicos de higiene personal, lo cual agrava las condiciones de las mujeres detenidas y representa una vulneración directa a sus derechos humanos.
“No hay espacio, no hay condiciones, no hay dignidad. La situación es insostenible”, afirmó el personero en un fuerte pronunciamiento a través de sus redes sociales y canales institucionales. La entidad ha solicitado acciones urgentes al Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) y a la Policía Metropolitana.
Familiares de las mujeres también han denunciado públicamente las condiciones inhumanas en las que se encuentran sus parientes. Reportan baños dañados, escasa alimentación y falta de acceso a atención médica, sumado a un ambiente de tensión constante debido al hacinamiento.
Algunos testimonios indican que las mujeres deben dormir sentadas o en el suelo, compartiendo colchonetas o incluso turnándose para descansar. La falta de ventilación y el calor al interior del recinto agravan la situación sanitaria y emocional.
El personero hizo un llamado a las autoridades judiciales para que se evalúe con urgencia la situación jurídica de las internas, muchas de las cuales aún no han sido condenadas y permanecen detenidas de manera preventiva.
También exigió al Ministerio de Justicia y a la Defensoría del Pueblo la intervención inmediata en esta estación policial, para evitar que la crisis se profundice y derive en una emergencia humanitaria de mayores proporciones.
Desde la Policía Metropolitana de Cali se confirmó que el número de internas ha venido en aumento en los últimos meses, sin que exista un plan estructural para su reubicación o descongestión. La institución afirmó que ya se adelantan gestiones para trasladar a varias de ellas a centros carcelarios.
La Personería de Cali reiteró su disposición a acompañar a las familias y a vigilar que las condiciones mínimas de dignidad se respeten. Adicionalmente, aseguró que presentará un informe detallado ante la Procuraduría y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.
Por último, Gerardo Mendoza señaló que lo ocurrido en El Caney es solo un reflejo de la crisis estructural del sistema penitenciario en Colombia, donde el hacinamiento, la falta de cupos y la ausencia de políticas efectivas siguen afectando gravemente a la población privada de la libertad, en especial a las mujeres
