El departamento del Cauca atraviesa una de las peores crisis de orden público en los últimos años. La violencia ejercida por las disidencias de las FARC y el ELN ha sembrado el terror en diversas comunidades, afectando gravemente la vida de la población civil. A pesar de los esfuerzos del gobierno nacional, la situación se deteriora día tras día, sin que se vislumbren soluciones efectivas en el corto plazo.
Escalada de violencia
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha desplegado más tropas del Ejército y efectivos de la Policía en la región, y ha ofrecido recompensas millonarias por información que permita capturar a los cabecillas de estos grupos armados. Sin embargo, ni los incentivos económicos ni el aumento de la fuerza pública han logrado frenar la escalada de violencia. Los ataques, desplazamientos forzados y asesinatos de líderes sociales continúan siendo una trágica constante en el Cauca.
Autoridades locales y líderes comunitarios han señalado que las medidas adoptadas hasta ahora resultan insuficientes. La presencia militar, aunque necesaria, no basta por sí sola para garantizar la paz en un territorio históricamente golpeado por el conflicto armado. Las comunidades insisten en que se requieren acciones integrales, sostenidas y con verdadera voluntad política para enfrentar la crisis.
Incumplimientos
La responsabilidad de esta situación recae en gran parte sobre las decisiones que ha tomado el gobierno en los últimos años, según señalan expertos y actores locales. Las promesas incumplidas y las respuestas fragmentadas han profundizado el malestar ciudadano. Ante este panorama, es urgente que el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y la Presidencia tomen decisiones concretas que prioricen la seguridad y el bienestar de la población.
