En Sucre, Colombia, un reciente fallo del Consejo de Estado ha puesto al descubierto una práctica escalofriante: militares reclutaban a jóvenes con engaños, los mantenían en una finca, los hacían trabajar y luego los asesinaban para reportarlos como bajas en combate.
¿Qué descubrió la investigación?
- El caso gira alrededor de Manuel Rangel García, quien fue asesinado y presentado como integrante de un grupo armado, hecho que fue desmentido por la justicia, la cual determinó que nunca perteneció a grupos ilegales.
- Se reveló la existencia de una especie de “granja de almacenaje de víctimas”, un lugar en donde jóvenes eran retenidos bajo falsas promesas laborales.
- Uno de los testigos clave, el mayor retirado Orlando Céspedes Escalona, declaró ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que el coronel Borja —comandante en ese entonces— ordenaba conseguir bajas “como fuera”. Allegados explican que cuando no había suficientes bajas reales, se buscaba “stock” de personas inocentes para presentar ante la opinión pública como combate.
Responsables y repercusiones
- El comandante implicado es el coronel Luis Fernando Borja, quien también reconoció su responsabilidad en decenas de muertes que estaban siendo investigadas como falsos positivos.
- Los testimonios de Céspedes señalan que los oficiales superiores, incluyendo otros coroneles, tenían conocimiento de estas prácticas.
- El fallo ordena que el Estado indemnice a los familiares de la víctima, así como una disculpa pública por parte de las autoridades.
Contexto y significado
Las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” han sido uno de los episodios más lamentables del conflicto interno en Colombia. Aunque han sido reconocidos en muchas decisiones judiciales y ante la JEP, casos como este muestran que aún hay prácticas ocultas con víctimas cuyas historias piden ser visibilizadas.
Este caso en Sucre demuestra una estrategia macabra: crear una “reserva” de víctimas inocentes para cubrir obsesiones institucionales por mostrar avances operativos. Es una práctica que viola derechos fundamentales y que exige no solo justicia, sino también reparación integral y garantías para que no se repita.En Sucre, Colombia, un reciente fallo del Consejo de Estado ha puesto al descubierto una práctica escalofriante: militares reclutaban a jóvenes con engaños, los mantenían en una finca, los hacían trabajar y luego los asesinaban para reportarlos como bajas en combate.
