El PAE, una iniciativa clave para la niñez, enfrenta el peligro de ser opacada por la falta de acciones concretas que respalden los compromisos anunciados.
Durante la rendición de cuentas de la vigencia 2024, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, presentó avances e iniciativas que, aunque ambiciosas, enfrentan serios desafíos en su ejecución y transparencia. Entre los temas abordados, destacaron los esfuerzos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), la asignación de recursos para infraestructura educativa y el anuncio del Pacto Territorial Boyacá. Sin embargo, estos anuncios también han suscitado críticas y cuestionamientos sobre su viabilidad y verdadero impacto.
El mensaje del gobernador contra la corrupción en el PAE fue firme, calificando como «sagrado» el dinero destinado a la alimentación de los niños. Sin embargo, las palabras deben respaldarse con acciones concretas. Históricamente, este programa ha sido objeto de irregularidades, y no se han detallado medidas claras para garantizar su transparencia, como auditorías independientes o mecanismos de control ciudadano. Sin estos elementos, la confianza en la gestión del PAE sigue siendo limitada.
La asignación de 300 mil millones de pesos para transporte escolar, alimentación y mejoras en infraestructura educativa es una inversión significativa. Sin embargo, no se especificó cómo se distribuirán estos recursos ni cuáles serán los criterios para priorizar las inversiones. Esto genera incertidumbre sobre su impacto real, especialmente en comunidades rurales que históricamente han enfrentado rezagos en acceso a servicios educativos de calidad.
El anuncio del Pacto Territorial Boyacá, con un valor estimado de 1.3 billones de pesos para financiar siete proyectos estratégicos, fue uno de los puntos centrales de la rendición de cuentas. Sin embargo, este monto está sujeto a la aprobación del Gobierno Nacional, lo que deja en el aire la concreción de estas iniciativas. Además, no se ofrecieron detalles sobre los proyectos ni sobre cómo se garantizará su ejecución con equidad y transparencia.
Aunque los anuncios del gobernador reflejan un compromiso por abordar problemáticas estructurales en Boyacá, también evidencian una brecha entre las promesas y su materialización. La corrupción, la falta de planeación y la ineficiencia administrativa son desafíos que deben ser enfrentados con determinación. Sin acciones claras y mecanismos efectivos de control, estas iniciativas podrían convertirse en otro ejemplo de buenas intenciones que no generan cambios significativos. Es fundamental que los ciudadanos exijan mayor transparencia y resultados tangibles. El desarrollo de Boyacá no puede depender solo de discursos, sino de una gestión pública eficiente y comprometida con las necesidades reales de su población. La rendición de cuentas debe ser un punto de partida para evaluar y mejorar, no solo un escenario para presentar promesas.
