En el municipio de Granada, Meta, la concejala Derly Parra ha alzado la voz contra lo que considera un preocupante nivel de corrupción en la administración local, en particular en torno al manejo de recursos para el Festival de Verano, evento insignia de la región.
Cobros
Según Parra, el alcalde asegura que no se cobran tarifas por el uso de palcos ni a los vendedores ambulantes que buscan participar en el evento. Sin embargo, la concejala señala que la realidad es diferente para quienes han tenido que pagar por ejercer su derecho al trabajo. “Es indignante que le cobren 300 pesos a una humilde señora por llevar un termo para vender sus productos en el río, cuando los fondos del festival, que ascienden a $1.080 millones, son del pueblo”, afirmó.
cuestionamientos
Parra también cuestionó la transparencia en la administración de los recursos públicos destinados al festival, especialmente el dinero recaudado por la instalación de casetas. “¿Dónde está ese dinero? No es suficiente que digan que no sabían o que las malas decisiones se toman a sus espaldas”, expresó con frustración.
La concejala lamentó la actitud de algunos ciudadanos que, a su juicio, justifican o minimizan los actos de corrupción. “No sé quién es peor, si el que roba al pueblo o el pueblo que lo defiende. Este país no va a cambiar si seguimos eligiendo verdugos”, sentenció.
Parra también hizo un llamado a que se respete el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes y se garantice la transparencia en la ejecución de los recursos asignados al festival. En su denuncia, adjuntó fotografías con las respuestas oficiales a derechos de petición, buscando visibilizar las presuntas irregularidades.
La polémica ha despertado un amplio debate entre los habitantes de Granada, quienes esperan explicaciones claras de las autoridades y garantías de que los recursos del festival beneficien verdaderamente a la comunidad.
