Cae estructura dedicada al robo de combustible
En un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de hidrocarburos fue desmantelada en Duitama (Boyacá) y Aguazul (Casanare). Conocida como ‘La Empresa’, esta red ejecutaba actividades clandestinas relacionadas con el apoderamiento, transporte y distribución de combustible de origen ilegal, afectando la economía y el mercado nacional.
Incautaciones y modus operandi
El operativo permitió la ocupación de nueve bienes valorados en más de $7.000 millones, incluidos un inmueble urbano, tres rurales, dos vehículos, dos empresas comerciales y un establecimiento de comercio. Según las autoridades, estos activos eran utilizados para financiar y ejecutar operaciones ilícitas, además de haber sido adquiridos con recursos provenientes de las actividades delictivas.
Las investigaciones revelaron que ‘La Empresa’ empleaba documentos falsificados, como guías de transporte, para movilizar el combustible sin ser detectados por las autoridades. También establecían empresas fachada con el propósito de ocultar el origen de sus operaciones y blanquear sus ganancias.
Capturas y consecuencias legales
Nueve presuntos integrantes de la organización fueron capturados durante el operativo y actualmente enfrentan cargos por concierto para delinquir y apoderamiento ilícito de hidrocarburos. Las autoridades destacaron que este golpe debilitó de forma significativa la capacidad operativa y financiera de la red.
Impacto en la economía y el desarrollo
El tráfico ilegal de hidrocarburos no solo genera pérdidas económicas para el país, sino que también socava la estabilidad del mercado, fomenta la informalidad y desplaza recursos destinados al desarrollo nacional. Las autoridades reiteraron su compromiso de combatir estas estructuras para garantizar un comercio legal y competitivo en todos los sectores.
Nueve capturas, bienes incautados por $7.000 millones y una red criminal debilitada: un paso firme contra el tráfico de hidrocarburos en Boyacá y Casanare.
Este caso representa un llamado a la acción para fortalecer la lucha contra las economías ilegales que perjudican el progreso y la legalidad en Colombia.
