Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres señalados de reclutar menores de edad para una estructura disidente de las Farc que delinque en el suroccidente del país. La decisión judicial representa un nuevo golpe contra las redes de captación de adolescentes en zonas vulnerables.
Los procesados fueron identificados como John Humberto Plaza Gallego y Harold Jorley Mazuera Tobar, quienes fueron judicializados por el delito de reclutamiento ilícito. De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, los hombres habrían contactado a dos adolescentes en el municipio de Miranda, aprovechándose de su condición de vulnerabilidad para persuadirlas mediante engaños y falsas promesas.
Según el ente acusador, las menores serían trasladadas hasta la ciudad de Cali, donde presuntamente serían entregadas a integrantes de la estructura ilegal conocida como “Dagoberto Ramos”, una de las disidencias que opera en esta región del país.
El caso fue frustrado gracias a un procedimiento realizado por la Policía Nacional de Colombia en el barrio Marroquín II de Cali. Un retén de control permitió interceptar el vehículo en el que se movilizaban las jóvenes junto a los dos hombres. Durante la verificación de antecedentes y la inspección del automotor, los uniformados detectaron inconsistencias en la versión entregada y lograron establecer la presunta situación irregular.
Las adolescentes fueron rescatadas y puestas bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de garantizar el restablecimiento de sus derechos y brindar acompañamiento psicosocial.
Tras las audiencias concentradas, el juez legalizó las capturas, avaló la imputación por reclutamiento ilícito y ordenó la reclusión de los implicados en centro penitenciario mientras avanza el proceso judicial. Uno de los procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier intento de reclutamiento o presencia de actores armados que pongan en riesgo a niños, niñas y adolescentes. El reclutamiento forzado sigue siendo una de las más graves vulneraciones de derechos humanos en el país, especialmente en regiones afectadas por la violencia y el conflicto armado.
