En una operación de gran escala contra el crimen organizado, el Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional logró la captura de 66 personas presuntamente vinculadas a estructuras multicrimen que operaban en el Valle del Cauca. Las detenciones se llevaron a cabo tras 19 diligencias de registro y allanamiento simultáneas en municipios como Cali, Tuluá, Buenaventura, Versalles, La Paila, Sevilla, Pradera, Candelaria y Jamundí.
La operación, considerada como una de las más contundentes del año, tuvo como objetivo desarticular redes criminales responsables de múltiples delitos, incluyendo homicidios, secuestros, narcotráfico, terrorismo y extorsión. Entre los detenidos se encuentran presuntos cabecillas, explosivistas, enlaces armados y facilitadores logísticos de diferentes grupos armados ilegales.
Uno de los principales blancos de esta ofensiva fue la estructura ‘Jaime Martínez’, una disidencia de las antiguas FARC, a la que se le atribuyen los atentados simultáneos perpetrados el pasado 10 de junio en Jamundí y Cali. En total, fueron capturados nueve de sus integrantes, incluyendo figuras clave en su estructura operativa.
Además de este grupo, las autoridades lograron impactar a otras organizaciones criminales como el Frente 57 Yair Bermúdez, la Columna Ricardo Velásquez, la banda urbana ‘Los Shottas’ y el Clan del Golfo, que venían sembrando zozobra en distintas zonas del departamento mediante el tráfico de estupefacientes y acciones armadas.
Durante los operativos, se incautaron más de 2.275 kilogramos de cocaína y 2.215 kilogramos de marihuana, cifras que evidencian la magnitud del golpe a las finanzas del narcotráfico. También se decomisaron 61 kilogramos de cordón detonante, dos mil detonadores y seis vehículos utilizados por las estructuras para el transporte de droga o armamento.
Una de las capturas más destacadas fue la de alias “JF”, presunto cabecilla del GAOR Jaime Martínez, quien fue detenido en Cali el pasado 21 de junio. Está implicado en al menos cinco secuestros, incluyendo el de un menor de edad ocurrido el 3 de mayo en Jamundí, así como en acciones terroristas como el atentado con motocicleta bomba.
Días después, el 26 de junio, las autoridades capturaron a alias ‘Yisel’, junto a tres hombres en Jamundí. Estos serían los responsables directos de cinco ataques armados simultáneos perpetrados el 10 de junio en sectores como Potrerito, El Rodeo, Sachamate y Guachinte.
El 29 de junio fue detenido alias ‘Calvin Rodríguez’, presunto cabecilla operativo del Frente Jaime Martínez, vinculado a atentados recientes en el Cauca y el Valle del Cauca, incluyendo el uso de artefactos explosivos en zonas urbanas de alta afluencia.
Según informó la Policía Nacional, todas las capturas fueron legalizadas y los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía para su judicialización. Enfrentarán cargos por delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir, terrorismo, tráfico de estupefacientes, secuestro y porte ilegal de armas.
La operación fue desarrollada en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, unidades de inteligencia y Policía Judicial, lo que permitió una acción articulada que sorprendió a las organizaciones criminales en varios de sus puntos estratégicos.
El director del Bloque de Búsqueda, coronel Javier Navarro, indicó que este golpe hace parte de una ofensiva nacional contra el crimen organizado, especialmente contra aquellas estructuras que atentan contra la seguridad de comunidades rurales y urbanas.
“Seguiremos avanzando en la desarticulación de estos grupos que tanto daño le hacen al país. No vamos a descansar hasta devolver la tranquilidad a los territorios”, expresó el oficial durante una rueda de prensa en Cali.
Líderes comunales de algunos de los municipios donde se realizaron las capturas celebraron la acción de las autoridades y pidieron que los operativos se mantengan de manera constante, especialmente en zonas donde los grupos armados imponen miedo y control social.
Este operativo representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado en el suroccidente del país, debilitando estructuras que por años han financiado sus operaciones mediante el narcotráfico, el secuestro y la extorsión.
